Ocurrió durante una misión comercial a un país asiático. Meritxell Serret confesó en petit comité y al borde de la lágrima que no lleva nada bien el “exilio”. Y que se siente abandonada. Esta política republicana se fugó a Bruselas tras ser procesada por la organización del referéndum del 1-O. Además del desarraigo familiar, la exconsejera de Agricultura no cuenta con demasiados apoyos por parte del equipo de Carles Puigdemont, al que se ha sumado su antiguo compañero de partido, Toni Comín.

El expresidente acapara toda la atención mediática, mientras que la labor de Serret al frente de la delegación de la Generalitat en Bruselas apenas luce. “A la opacidad de estas embajadas se suma el ninguneo de Puigdemont. ERC le dio este cargo, pero tampoco parece que la arrope demasiado”, explican fuentes diplomáticas.

La huida de octubre de 2017

Serret (Vallfogona de Balaguer, 1975) fue nombrada en enero de 2016 consejera de Agricultura. Investigada junto al resto de consejeros del Gobierno de Puigdemont, en octubre de 2017 huyó junto a éste y otros tres dirigentes independentistas a Bruselas.

Por el contrario, el líder de ERC, Oriol Junqueras, optó por permanecer en Cataluña y cumple prisión preventiva, mientras Puigdemont huía. Los republicanos nunca han escondido su malestar por esa fuga y por el seguidismo de Toni Comin, que finalmente traspasó sus preferencia políticas a los neoconvergentes. El exconsejero de Salud, ha formado parte de la candidatura de Junts per Catalunya en las elecciones europeas. Y eso ha contribuido a acentuar la soledad de Serret.

Muy discreta

Persona discreta, la política catalana permanece en un segundo plano, al igual que otras independentistas en prisión preventiva o fugadas. Sea por voluntad propia, sea porque sus respectivos partidos favorecen la proyección de otros dirigentes, lo cierto es que la Serret es, en apariencia, la gran olvidada del procés. Durante los cuatro meses del juicio sobre el 1-O celebrado en el Tribunal Supremo, poco o nada se ha hablado de esta licenciada en Ciencias Políticas, vinculada durante años al sindicato agrario Unió de Pagesos y miembro del secretariado nacional de la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

Contrasta ese papel secundario con el arrollador aparato propagandístico de Puigdemont, de quien se conocen todas y cada una de sus acciones para acceder ---¿colarse?-- a las instituciones europeas.

La delegación de la Generalitat en Bruselas / CG

Fuentes de la Consejería de Acción Exterior niegan a Crónica Global que Serret sea víctima de un ostracismo político. “Es la delegada ante la UE y está haciendo un buen trabajo”, explican. Sobre su situación personal, añaden: “Nadie es feliz no pudiendo volver a casa”.

Opacidad

Requeridos sobre ese “buen trabajo” realizado en la “embajada” catalana, silencio. Imposible conocer la agenda de Serret, elegida en junio de 2018 como interlocutora del Govern ante la UE con la misión, encomendada por el entonces consejero de Exteriores, Ernest Maragall --hoy alcaldable desbancado por Ada Colau-- de que “Cataluña actúe como un Estado”. La opacidad sobre la actividad que realiza esa red de delegaciones cerradas durante la aplicación del artículo 155 y reabiertas por el presidente Quim Torra –nada que ver con las oficinas comerciales de ACCIÓ, que dependen de la Consejería de Empresa—se remonta a la época de su creación durante la vicepresidente de Josep Lluís Carod-Rovira durante el el Gobierno tripartito.

Sueldos y alquileres elevados

Ni los delegados que la Generalitat tiene repartidos por medio mundo, ni los asesores de la diplomacia catalana han comparecido en el Parlament durante los años más álgidos del procés para rendir cuentas de sus actividades, a pesar de que sus sueldos e infraestructura son pagados con dinero público.

Todo ello abunda en ese silencio que rodea a Serret. Los delegados de la Generalitat en el exterior cobran como un director general, más de 82.000 euros. El edificio donde está situada la “embajada” en Bruselas cuesta cerca de un millón de euros al año.