La Abogacía del Estado 'neutraliza' a la Fiscalía al considerar que la violencia no fue suficiente

Rebelión o sedición. El hecho de que ambos delitos no pueden ser complementarios ha servido para que el alegato de acusación de la Abogacía del Estado se haya dirigido a neutralizar el de la Fiscalía, en el sentido de que la violencia probada en el procés no fue de la “intensidad” suficiente que se exige en el delito de rebelión.

Mientras los fiscales construían el relato de la “violencia necesaria”, Seoane ha dicho que ésta no fue un “instrumento nuclear” ni tampoco un “elemento estructural” del Govern para lograr sus objetivos. Rosa María Seoane ha repartido su tiempo en probar la “malversación” y en considerar que las fechas clave que han centrado todo el proceso judicial (las concentraciones en las Consejerías el 20S y el 1-O) fueron un “movimiento reactivo” para “impedir la aplicación de la ley”, pero sin la finalidad de romper el orden constitucional.

En este sentido, ha ensalzado el papel de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart como líderes de la movilización social, que quisieron "exhibirlo" subiendo encima a los coches de la Guardia Civil.

Uso de la fuerza

Seoane ha admitido el argumento del Ministerio Público de que la rebelión no obliga a que la violencia sea armada, pero ha matizado que lo que se llevó a cabo en esos días críticos por parte de las masas fue un “alzamiento tumultuario”, un “uso de la fuerza” en lugar de una violencia estructural. Previamente, Fiscalía ya se había avanzado en sentido opuesto y asegurando que "no fue sedición".

No obstante, a jucio de la abogada del Estado, el bien jurídico a proteger no era “el orden constitucional”, sino la “paz social” y el “cumplimento de la ley”. Ambos argumentos han servido para orientar la acusación hacia la sedición, pero en ningún caso la rebelión. Su alegato se ha realizado una vez el Ministerio Público ya no estaba ni siquiera físicamente en la sala segunda del Supremo.

Igualmente ha acreditado la comisión por los exmiembros del Govern sentados en el banquillo de un delito de malversación de fondos públicos que acredita el modo de actuar de todos ellos en aquellos días, que no fue sino "la adscripción de todos los elementos materiales y humanos de la Generalitat" al objetivo secesionista.