La Constitución catalana, en paradero desconocido

Constitución catalana. Léase ese punto de no retorno independentista llamado a dar nombre a unas futuras elecciones autonómicas. Sin embargo, poco o nada se sabe de ese proyecto, más allá de la creación del Consell Assesssor per al Impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debate Constituent. Está presidido por el cantante Lluís Llach, pero desde su presentación solemne en el Palau de la Generalitat, en octubre de 2018, no se le conoce ningún progreso.

Llach ya advirtió de que ese Consejo no estaba concebido para redactar la futura Constitución catalana, pero tampoco se sabe a qué se dedica. Por eso, el grupo parlamentario del PSC ha presentado una propuesta de resolución para disolver ese órgano, que cuenta entre sus miembros nombres conocidos como Beatriz Talegón, Albano Dante Fachin o Antonio Baños. Completan la lista Marta Rovira, Jordi Domingo, Carmina Castellví, Jaume López, Àngels Martínez, Albert Noguera, Montserrat Palau, Gabriela Serra, Ada Ferrer, Francina Alsina, Josep Mª Ganyet i Cirera, Emili Medan y Montserrat Castellà. Ninguno de ellos cobra retribución.

Hasta primavera de 2020

Al parecer, está previsto que este verano se constituya un nuevo organismo, la Entesa Nacional pel Debat Constituent, que, a su vez, convocará formalmente el Fòrum Cívic en la primavera de 2020. Será entonces cuando se redacten las “bases constitucionales” de la nueva república. Con este calendario, es poco probable que los padres de la Constitución catalana puedan tener un texto acabado antes de las elecciones catalanas, pues todo apunta a que, a más tardar, los comicios autonómicos tendrán lugar a principios de 2020, tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el referéndum del 1-O.

El juez Santiago Vidal, que redactó un borrador de Constitución catalana

En medios parlamentarios, esta legislatura se da por agotada y será determinante el músculo electoral que ERC y Junts per Catalunya exhiba en las elecciones municipales y europeas de este domingo, así como el grado de agitación social que derivará de las condenas. Están abocados a una tercera prórroga presupuestaria --los socios de Govern dependen de los votos de una CUP que ha dado la espalda a cualquier tipo de elección, votación u organismo “autonomista”--, y aunque la ley no pone límite a esa repetición de las cuentas, la parálisis en la acción de gobierno es tan evidente que ninguna consejería se atreve a afrontar grandes proyectos.

Los trabajos de Santi Vidal

Así, la hoja de ruta independentista contemplaba unas elecciones constituyentes en cumplimiento del mandato del 1-O. Pero el único intento “serio” de redactar una Constitución catalana es obra del exsenador de ERC y juez Santiago Vidal, quien fue suspendido por una falta muy grave durante tres años por esos trabajos. El Tribunal Supremo acaba de reconocer su derecho a reincorporarse al servicio activo.

Adam Majó Garriga (1d), director de la Oficina de Derechos Civiles del Govern, con el 'expresident' prófugo Carles Puigdemont / TWITTER

Pero los socialistas advierten de que todo ello se enmarca "en la voluntad de imponer, al margen de los elementos que caracteriza el principio democrático (regla de la mayoría, garantías del procedimiento y respeto a los derechos de la minoría), una política de hechos consumados”, los que “da continuidad a la cadena de decisiones políticas iniciadas durante el Pleno del 6 y 7 de septiembre de 2017”, en referencia a las sesiones que culminaron con la aprobación de las leyes de ruptura”. Así reza la propuesta de resolución que los socialistas quieren debatir y votar en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament.

La Oficina de Adam Majó

El PSC también quiere replantear otro de los “chiringuitos” ideados por el independentismo, la Oficina pels Drets Civils i Polítics, dirgida por el exdirigente de la CUP Adam Majó, y que fue creada para “hacer seguimiento de las vulneraciones que se produzcan contra los derechos relacionados con la participación de las personas en la vida civil y política". Una función que ya realiza el Síndic de Greuges --Defensor del Pueblo catalán-- y que no incluye ningún tipo de capacidad punitiva (de eso se encargan los cuerpos policiales y la Justicia).

La gestión de Majó, que cobra más que el presidente español Pedro Sánchez --89.234 euros anuales-- se ha caracterizado por tomar nota únicamente de las lesiones de derechos del activismo independentista. Así lo hizo el pasado 12 de mayo, tras un enfrentamiento entre vecinos de Verges (Girona) y personas que habían acudido a este municipio a retirar banderas independentistas.

El PSC propondrá, en la misma CAI, que esa Oficina pels Drets Civils quede adscrita al Síndic de Greuges para que “con los medios propios de que dispone, asuma las funciones asignadas a la primera, cesando consecuentemente al actual director de la Oficina y destinando el resto de personal de la Oficina a otras labores dentro del departamento de Vicepresidencia u otros destinos”.

El fracaso del Consell per la República

Completa ese trío de chiringuitos secesionistas el Consejo por la República, creado a mayor gloria de Carles Puigdemont. El número de inscritos en ese órgano pilotado desde Waterloo está lejos del millón que el expresidente puso como condición para activar ese órgano. A razón de 10 euros por persona registrada, el Gobierno paralelo habría recaudado unos 10 millones de euros. Sin embargo, a última hora de la tarde de ayer, el número de inscritos ascendía a 66.714.