El Parlament defiende su derecho a investigar la “corrupción" de la monarquía

El Parlament ha presentado alegaciones ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la suspensión de la Comisión de investigación creada para indagar en la supuesta corrupción de los miembros de la familia real. La decisión del TC responde a la impugnación del Gobierno español.

Entiende la Cámara catalana que esa comisión “no supone una extralimitación de las facultades del Parlamento de Cataluña en tanto que dicha creación entronca con una de las funciones esenciales del parlamentarismo; se enmarca en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y encuentra su fundamento último en un valor esencial del ordenamiento jurídico del Estado español: el pluralismo político en una sociedad democrática”.

Reprobación parlamentaria

El pasado 1 de abril, el Parlament recibió la providencia dictada por el Tribunal Constitucional en la que se informaba de la admisión a trámite de la impugnación del Gobierno español contra la creación de la Comisión de Investigación sobre la Monarquía. Esta iniciativa catalana se une a la reprobación del Rey votada en la Cámara autonómica, donde también se ha reclamado la abolición de la monarquía.

Entre los objetivos de este órgano parlamentario figura la investigación de “las estructuras de corrupción vinculadas a la familia real española y personas que están o han estado relacionadas”, así como las “presuntas cuentas irregulares del anterior jefe del Estado en Suiza y otros paraísos fiscales a nombre de terceras personas, la procedencia de este capital, y otras actividades irregulares o delictivas de estas personas que puedan derivarse de las declaraciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein”.

El Ejecutivo español entiende que esta Comisión es inconstitucional e invade competencias, pues “afecta a una institución del Estado al margen del sistema institucional propio autonómico”.

No están sujetos a inviolabilidad

Por el contrario, el Parlament alega que el Estatut le otorga la potestad de “crear una comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público que sea competencia de la Generalitat”. Además “es destacable que los miembros de la familia real no están sujetos a la cláusula de inviolabilidad y no responsabilidad del artículo 56.3 de la Constitución española. En todo caso, la compatibilidad de dicho artículo con los principios, valores y derechos propios del Estado de Derecho y con el sometimiento a la ley de todos los poderes públicos y los ciudadanos (art. 9.1 CE) exigirían no excluir persona alguna de una investigación parlamentaria con el fin de propiciar el debate político en sede parlamentaria”.