Torra juega con el dinero que el Estado destina a violencia machista

Faltan 48 horas para que concluya el plazo que tiene la Generalitat para detallar el destino de los 12,8 millones que el Gobierno español le transfirió el año pasado en aplicación del Pacto de Estado contra la violencia de género. A día de hoy, nada se sabe de las medidas que el Ejecutivo de Quim Torra piensa desarrollar con él. Es muy posible que pida una prórroga, aunque ese plan debería estar implementado en septiembre. El desinterés demostrado por las principales responsables de las políticas de igualdad ha disparado las alarmas en el Gobierno de Pedro Sánchez, así como duras críticas por parte de expertas en violencia machista. Y es que el Govern asegura ahora que la aplicación del artículo 155 le impidió firmar este Pacto de Estado, aprobado por todos los partidos en el Congreso en septiembre de 2017.

Los recelos del Gobierno español 

Los recelos del Gobierno español respecto al uso del dinero destinado a Cataluña para luchar contra la violencia de género se remontan al mismo día en que se ejecutaron las transferencias. El Ejecutivo aseguró que el 18 de octubre de 2018 había ingresado en las arcas de la Generalitat 12,8 millones de euros, mientras que el 16 de noviembre aportó otros 4,26 millones. Por el contrario, la entonces consejera Elsa Artadi aseguró en sede parlamentaria, y en respuesta a la diputada del PSC Beatriz Silva, que ese dinero llegaría en 2019. El Ejecutivo socialista hizo las comprobaciones pertinentes con la vicepresidencia, que aseguró haber transferido el dinero y que la mayoría de comunidades autónomas acusaron recibo.

"Lo firmó la ministra Montserrat"

Artadi, posteriormente, confesó en sede parlamentaria que, en efecto, el dinero había llegado. Y que, efectivamente, hay un Pacto de Estado en el que, cuando fue el momento de suscribirlo, por parte de las comunidades autónomas, no pudieron "participar", porque, "gracias a la colaboración de algunos partidos en la aplicación del 155, lo hizo la ministra Montserrat en nombre de la Generalitat, que ya es fuerte". Así se expresó Artadi, también en sede parlamentaria. En términos parecidos se expresó la diputada de Junts per Catalunya Aurora Madaula en el pleno celebrado a principios del mes pasado, también a preguntas de Silva. "El Pacto de Estado lamentablemente se aprobó bajo el Gobierno del 155 y, por tanto, la Generalitat no pudo firmarlo".

Reparto de fondos a las comunidades autónomas destinados a la lucha contra la violencia de género

Reparto de fondos a las comunidades autónomas destinados a la lucha contra la violencia de género

Igualmente, la presidenta del Institut Català de la Dona (ICD), Núria Balada, se desmarcó de un pacto que, si bien admitía haber sido aprobado en el Congreso por todos los partidos políticos, incluidos Junts per Catalunya y ERC, "la Generalitat no lo firmó por la aplicación del 155 pues, en su nombre, lo hizo la ministra Montserrat", lo que considera "bastante invasivo". Así se expresó Balada en la Comisión de Igualdad de las Personas que tuvo lugar en febrero.

Un mes después, el pasado día 5 de marzo, Encarna Bodegón, directora del Grupo de Investigación Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona, y Laia Rosich, coordinadora del Grupo de trabajo de Violencias Machistas del Consell Nacional de Dones de Catalunya, le subirían los colores a Balada en la misma Comisión del Parlament. Balada denunció la "falta de recursos económicos, de formación y de liderazgo político".

"Presidentas del ICD que dejan mucho que desear"

"Hemos tenido en los últimos años presidentas del ICD que, francamente, dejaban mucho que desear. Ahora tenemos una presidenta que yo creo que está haciendo un notable esfuerzo, pero la presidencia de las máximas instituciones que lideran la igualdad y la lucha contra las violencias machistas en este país se ha dejado a personas que no tenían una capacitación experta cuando llegaron a estas instituciones. Esto no puede ser", dijo Bodegón.

Rosich, por su parte, también reclamó "un liderazgo que sea potente, y que sea transversal. Y evidentemente, tener un programa de intervención integral": "El ICD nos pasó un modelo, un primer borrador en octubre, que devolvimos con muchas enmiendas. Pero la cuestión es que hemos estado, desde el 2015, hasta ahora, sin un programa. Y, por lo tanto, sin una visión conjunta de toda la Generalitat".

El informe publicado por el propio ICD con motivo de los 10 años de la Ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista arroja una media de 10 asesinatos al año. A esta cifra se añade que el 17,6% de las catalanas sufrió violencia machista en 2016 y que más del 64% de las mujeres ha sufrido violencia de género a lo largo de su vida. Sin embargo, desde 2010, las partidas destinadas por el Govern a las políticas de la mujer se han reducido el 31,5%.

Las medidas que contempla el Pacto de Estado

El dinero transferido por el Gobierno español a la Generalitat está destinado al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, en particular a las mujeres especialmente vulnerables. Incluye, entre otras, medidas de inserción sociolaboral, campañas de sensibilización y prevención, protocolos de coordinación entre las administraciones, un sistema de acompañamiento de las mujeres; refuerzo de los servicios de apoyo a los menores hijos e hijas, y refuerzo de Unidades de Valoración Integral Forense (UVIF).

El plazo para presentar un proyecto detallado sobre el desarrollo autonómico de esas medidas finaliza el próximo 31 de marzo, pero el Govern todavía no lo ha dado a conocer. Recuerdan fuentes socialistas que se trata de partidas finalistas y, por tanto, Cataluña está obligada a destinar ese dinero a los proyectos previstos en el acuerdo entre los partidos.

Algunos ayuntamientos independentistas han intentado sustituir las UVIF por otro tipo de servicios, pero estas unidades se tienen que crear obligatoriamente porque lo dice el Pacto de Estado. Tal como publicó Crónica Global, el Ejecutivo de Pedro Sánchez llegó a plantearse la creación de una comisión de seguimiento de esas ayudas, que son finalistas.