Daniel Baena, jefe de la policía judicial a cargo de la investigación sobre la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, ha calificado de "insurreccional" el clima en Cataluña a partir de las actuaciones en Unipost --donde el Instituto Armado se incautó de miles de tarjetas censales-- y sobre todo de la operación de registros del 20 de septiembre en diferentes sedes del Govern. Un clima que, según Baena, solo cesó con la intervención de la autonomía mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"La situación en Cataluña era un polvorín. Los policías que teníamos un mínimo de responsabilidad sabíamos que cualquier incidente pequeño podía derivar en una escalada incontrolable", ha relatado para seguidamente matizar que "afortunadamente no fue así". 

Testigo controvertido

El testigo de Baena ya suscitó la queja de las defensas que cuestionaron su imparcialidad dado que tanto en la fase de instrucción como en la de cuestiones previas del juicio se le identificó como el usuario de un perfil de Twitter en el que se publicaron mensajes contra los líderes independentistas. El tribunal, no obstante, ha optado por mantener su presencia como testigo y él ha negado ser el propiertario de dicha cuenta ante las preguntas de las defensas.

Ante las preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, el teniente de la Guardia Civil ha explicado que durante las protestas en la Conselleria de Economía el 20-S tenían "la autorización" del juez "para utilizar la fuerza si la comisión judicial lo requería", pero que "no fue necesario". Baena, no estuvo presente ese día en el Departamento, pero era uno de los mandos en toda la investigación sobre el 1-O.

Obstrucción a la justicia

Respecto a su labor de investigación ha precisado que pusieron el foco en "el desarrollo de la competencia estatutaria para obtener una estructura para un futuro Estado aprovechando el marco legal que da el Estatut". "Había borradores de leyes y decretos de desconexión. No recuerdo el número exacto", ha proseguido Baena. 

Según el teniente del Instituto Armado, había una clara intención de destrucción de pruebas, como en el caso del registro al despacho del entonces secretario de Hacienda Lluís Salvadó. Posteriormente ha asegurado que "la agenda Moleskine del señor Josep Maria Jové [secretario general de la consejería de Economía y Hacienda] ratificaba" su investigación.

Punto de inflexión

Baena ha incidido en la existencia de un antes y un después en el ambiente que rodeó las investigaciones que su equipo de policía judicial llevaba a cabo por orden primero de la Fiscalía de la Audiencia Nacional --desde noviembre de 2015-- y después raíz de las diligencias iniciadas en marzo de 2017 por el juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer.

"Detectamos las cartas de Unipost y ahí ya fue un golpe duro", ha señalado, para añadir que un día después, con motivo de la operación del 20 de septiembre, hubo que montar un dispositivo especial para que los registros no fueran conocidos con anterioridad y las pruebas que se buscaban pudieran ser "difícilmente obtenibles". "A partir de ahí nos poníamos en un clima que podríamos calificar, por objetivos y por número de acciones, de insurreccional", ha añadido.

88 actuaciones contra la Guardia Civil

Dentro de este clima de acciones dirigidas contra la investigación, el teniente coronel ha señalado que se contabilizaron un total de 88 actuaciones contra la Guardia Civil, tan sólo dos antes del 20-S, 84 entre esa fecha y la aplicación del artículo 155 de la Constitución y de nuevo tan solo dos después de dicho momento.

Asimismo, ha afirmado que la celebración del referéndum tumando por el Tribunal Constitucional no era solo el objetivo, sino "la piedra angular sobre la que pivotaba todo un proceso, la condición sine qua non para la declaración de independencia o para poner al Estado en una situación de conflicto".