El independentismo intentará mostrar este jueves que aún cuenta con el músculo necesario para paralizar Cataluña. Busca repetir los llamados paros de país que tuvieron lugar a finales de 2017 tras la celebración del referéndum del 1-O y la aprobación del artículo 155 como medida de protesta por el inicio a los líderes del procés. Intersindical-CSC, una organización con el 1,5% de la representatividad sindical, ha convocado una huelga general en que la Generalitat y entidades como ANC u Òmnium Cultural se han empleado a fondo para conseguir su éxito.

Además de paralizar la actividad del Ejecutivo y del Parlamento --la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha hecho lo propio en el Ayuntamiento de Barcelona--, ha decretado unos servicios mínimos que intentan ser claves para promover la protesta, de forma especial en el transporte público. El limitado poder de la organización impulsora no ha sido un freno para que la consejería de Trabajo fijara el 33% de la circulación de los trenes de Rodalies y regionales de Renfe; decretara que deben circular el 50% de los convoyes de FGC en las horas punta y del 25% en el resto de la jornada y repitiera este esquema en el Metro y el Tranvía de Barcelona.

Quejas de los sindicatos mayoritarios

Los sindicatos mayoritarios del sector --CCOO, UGT, USOC y CGT-- destacan que se trata de una planificación de máximos y lamentan que en protestas anteriores de claro perfil laboral el Ejecutivo no haya ido en el mismo sentido. Asimismo, recuerdan que se deben diferenciar entre los servicios mínimos y los reales durante la jornada. Lanzan de este modo una advertencia: sus previsiones es que la afectación de la huelga sea limitada.

Donde menos problemas se esperan es en la circulación del suburbano de Barcelona. Los trabajadores han convocado paros puntuales del servicio la próxima semana para denunciar la falta de actuación de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y el Ayuntamiento ante el amianto que se ha detectado en las instalaciones. Esta denuncia de la plantilla coincidirá con la celebración de la feria tecnológica Mobile World Congress (MWC).

¿Ocupación de vías?

Las fuentes consultadas advierten de que las ganas de protestar de la plantilla son limitadas y que la circulación de trenes dependerá casi en exclusiva de las opciones políticas personales de los conductores. También indican que en la última huelga independentista que se celebró en Cataluña, la de diciembre de 2018, el seguimiento en el servicio a duras penas llegó al 15%.

Otra cuestión será si los llamados CDR ocupan las vías. El éxito de la huelga independentista en transportes estaría en manos de la actuación de los piquetes.

Cortes de carretera convocados

También se ha llamado a los CDR a ocupar la calzada en varios tramos de las principales carreteras catalanas. Se espera cortar la AP-7, la AP-2, la C-31, la C-32, la C-16 y la C-27. Así como la la C-58, la AP-27 en su paso por Tarragona y la N-2.

Si se llegara al éxito, implicaría paralizar la circulación rodada en las entradas de Barcelona, en el aeropuerto del Prat, en Tarragona, en los polígonos industriales de la corona metropolitana y varias vías de la llamada Cataluña interior. Las carreteras que discurren por los municipios de Gurb, Ódena, Sallent y Artés, todos ellos en la provincia de Barcelona.  

Sólo los cortes de tráfico pueden paralizar la actividad industrial del territorio. Intersindical-CSC tiene una presencia casi nula en los comités de empresa de las factorías catalanas y el resto de organizaciones han dejado claro que no la apoyan. Aunque todos los empleados tienen derecho a la huelga, se frenarían las líneas de producción en el caso de que se agotaran las materias primas, y la planificación logística actual minimiza esta posibilidad.

Salud y Educación

Tampoco se prevé un seguimiento masivo de la protesta entre los profesionales sanitarios. El Gobierno catalán también ha decretado una atención mínima y se ha informado a los usuarios que se paralizan ciertos servicios como los de centros asistenciales, pero el 27F será una jornada con médicos e enfermeras en activo.

En los centros educativos es donde se prevé que la huelga cuente con mayor seguimiento. El sindicato mayoritario del sector, Ustec, es el más importante de Intersindical y en los últimos días se ha informado a los padres y madres de los alumnos que este jueves se esperan protestas. La paralización, con todo, no será unánime.

Impacto en la nómina

A diferencia de lo que ocurrió en 2017, los funcionarios que no vayan a trabajar este jueves deberán asumir el consiguiente impacto en su nómina. En los últimos días se ha divulgado el rumor entre el personal de la Generalitat que se permitirá compensar la jornada con horas extras que se devengan a posteriori, pero se ha esclarecido que no será así.

“Al final, los empleados iremos a trabajar y serán los directivos los que se sumarán a la huelga”, bromean los empleados públicos consultados. Otra muestra de la protesta sui generis que se ha convocado este jueves en Cataluña.