Ante la inmediata reanudación del juicio del procés en el Tribunal Supremo, con los días 5 o 12 de febrero como fechas más probables, los abogados defensores van desvelando sus estrategias. Y aunque cada uno de ellos tienen estilos diferentes, cobra peso la vía del rigor jurídico, esto es, la comparativa entre los hechos atribuidos a los procesados por la organización del referéndum del 1-O y el Código Penal. No podrán evitar que Junts per Catalunya y ERC utilicen las sesiones como arranque de la precampaña de las elecciones municipales y europeas y, sobre todo, para mantener la agitación en un momento de declive procesista. En las ultimas horas se ha asistido a un ejemplo de ello, con Junts per Catalunya, ERC y CUP abandonando y bloqueando el Parlament en protesta por las detenciones de alcaldes y activistas que cortaron las vías del AVE con motivo del primer aniversario del referéndum del 1-O.
Criterios jurídicos
Pero los letrados están dado un baño de realidad judicial a sus clientes. Lo contrario induciría a engaño y, sobre todo, perjudicaría a sus propios defendidos. Abrió esta vía de forma muy explícita Xavier Melero, abogado del exconsejero de Interior, Joaquim Forn, quien se desmarcó de la campaña de acoso a la Justicia española impulsada por el independentismo más irredento y defendió el prestigio del Supremo. Es más, culpó a la dirigente de ERC, Marta Rovira, de perjudicar a quienes se sentarán en el banquillo con su fuga a Suiza.
Ayer fue Andreu Van den Eyden, abogado de los republicanos Oriol Junqueras y Raül Romeva, quien puso sensatez a un juicio que califica de "político" pero que debe enfocarse, cree, con criterios jurídicos. El letrado no prevé un escenario de absolución --pues eso dejaría en evidencia al juez instructor, Pablo Llarena, así como a todo el aparato judicial que ha intervenido hasta ahora--. Cree que sería un escándalo. Pero "hay margen para una sentencia no muy severa. Mi vaticinio es que iremos al Tribunal de Estrasburgo". En este sentido, tal como explicó este diario, cobra fuerza la hipótesis de la condena por conspiración para la rebelión, más leve y allanada por la renuncia de Fiscalía y la Abogacía del Estado a pedir responsabilidad civil.
El dilema del prisionero
Asegura el abogado que todos los presos "están en una dinámica de entendimiento", lo que bloquea que las defensas busquen un escenario competitivo. Aquí no entra el juego el conocido "dilema del prisionero", en el que la estrategia de unos pueden perjudicar a los demás.
Van den Eyden no tiene previsto pedir la declaración de Mariano Rajoy o del Rey, como sí hará Jordi Pina, que representa al expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, y de los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull. Más mediático que Melero y Van del Eyden, Pina también cree, no obstante, en la unidad de defensa.
Javier Melero, abogado del exconsejero Joaquim Forn
Fuentes judiciales aseguran que los jueces del Supremo quieren agilizar las sesiones, que se celebrarán martes, miércoles y jueves, y para ello habrá una criba de las fuentes de prueba --documental, testifical, etcétera--. Las defensas mantendrán la petición de absolución en las conclusiones finales, pero todas las miradas estarán en las acusaciones, que deberán decidir si mantienen el delito de rebelión, el más cuestionado y que conlleva penas más duras, o si se acercan a un escenario de proporcionalidad que pretenden las defensas.
Pugna política
Estilos diferentes entre abogados y pacto de no agresión. La pugna se queda fuera de la sala, donde los partidos secesionistas celebrarán toda una serie de actos con tintes preelectorales. La vista oral tiene lugar en vísperas de las elecciones municipales y europeas. Junqueras, que probablemente será el primero en declarar ante el tribunal, pronunciará una gran conferencia el 29 de enero. Asimismo, su partido ha preparado una gira por diferentes ciudades españolas para advertir de que, ahora son los independentistas quienes son juzgados, pero que en un futuro pueden serlo otros movimientos disidentes.
Por parte de Junts per Catalunya, es Carles Puigdemont quien pilota desde Waterloo una campaña internacional que incluye la presencia de observadores internacionales, consignas a los "embajadores" de la Generalitat y viajes del presidente Quim Torra para "vender" un pretendido derecho a la autodeterminación, como la efectuada esta semana a Estados Unidos, aunque con resultados muy insatisfactorios.