Elisa de la Nuez: "La independencia del poder judicial en España es un hecho"

Elisa de la Nuez es abogada del Estado. Decidió impulsar un proyecto que ha tenido una enorme respuesta, que ha suscitado el interés de curiosos, intelectuales, estudiantes y ciudadanos responsables que quieren saber. Se trata de Hay derecho, un blog de referencia en el mundo de la justicia. De la Nuez es secretaria general de la Fundación ¿Hay Derecho?

Ha participado este verano en los cursos universitarios de la Universidad Menéndez Pelayo y aborda en una entrevista con Crónica Global la situación de la Justicia en España, criticada con contundencia por diversos sectores, principalmente por el independentismo en Cataluña. Tiene claro que todo lo que ha sucedido en los últimos meses, con un cambio de Gobierno incluido, demuestra que "la independencia del poder judicial es un hecho", aunque admite que en determinados organismos el reparto entre los partidos debería dejar paso a una mayor profesionalización. Y para empezar, reclama una reforma del Consejo General del Poder Judicial, para que los jueces, los que "ponen buenas sentencias" tengan un mayor papel, al margen de las asociaciones judiciales a las que pertenezcan. 

-- Pregunta: El sistema judicial se ha puesto en cuestión en los últimos meses, y, principalmente, desde Cataluña, relacionado con el proceso independentista. A su juicio, ¿en qué situación se encuentra?

-- Respuesta: La independencia del poder judicial en España es un hecho. No se puede cuestionar de forma seria. El problema se centra en el órgano de gobierno del sistema judicial, en el Consejo General del Poder Judicial. Pero no en la independencia de los propios jueces, que ingresan después de superar una oposición muy dura, que tienen una carrera profesional basada en los concursos de méritos -con muy pocas excepciones que afectan a un número de plazas muy pequeño- y que afrontan muchos problemas de recursos materiales y humanos, como en otros ámbitos de la función pública. Pero lo ocurrido en los últimos meses, como la sentencia del caso Gürtel de la Audiencia Nacional contra el partido que estaba en el Gobierno (recordemos que el presidente compareció como testigo) es una prueba de fuego de la independencia del poder judicial. Pensemos también en la reciente condena del cuñado del Rey, Iñaki Urdangarin, por el Tribunal Supremo. ¿Hay problemas? Claro, pero podemos estar tranquilos con la independencia de la Justicia española, que no está fuera de los estándares internacionales ni mucho menos. Otra cosa es que seamos muy exigentes con ella, lo que me parece bien, y que pueda y deba mejorar. Pero no hay un problema de falta de independencia.

-- Entonces, ¿el escollo es el Consejo General del Poder Judicial? ¿Condiciona demasiado?

-- No condiciona a la inmensa mayoría de los jueces y esto es muy importante, dado que la mayoría no optan a los pocos nombramientos que dependen del consejo. Pero sí condiciona y es determinante para los nombramientos que configuran la cúpula del poder judicial, por ejemplo, para la elección de los magistrados del Tribunal Supremo o para los presidentes de los tribunales de justicia autonómicos, de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional. No quiere decir que los jueces que sean nombrados por el CGPJ para estos puestos no sean independientes después, pero lo cierto es que el órgano de gobierno de los jueces tiene no sólo que ser si no también tiene que parecer neutral. Por eso considero que no es conveniente que este órgano esté tan politizado ni tenga tanta discrecionalidad en los nombramientos de la cúpula de la carrera judicial. En este sentido la etapa de Carlos Lesmes ha sido particularmente mala. En todo caso, hay que insistir en que tenemos ejemplos muy claros de independencia judicial en España. Son los propios jueces los que se ven a sí mismos como la última trinchera de defensa del Estado de derecho y es que lo son.

-- Ha habido casos sobre tuiteros, cantantes, o agitadores que han puesto en cuestión la justicia española. ¿Se debe todo a la llamada ley mordaza, a la necesidad de adoptar medidas para mejorar la lucha contra el terrorismo yihadista, como se defiende desde la Unión Europea?

-- Hay que tener en cuenta que los jueces aplican la ley, los que hacen las leyes son los parlamentos. Y sí, la ley mordaza penaliza esas conductas. Los jueces hacen una interpretación de la ley en cada caso concreto, y cada cada caso tiene sus peculiaridades de manera que lo que en ocasiones se penaliza, en otras no. Ahora bien, es cierto que la ley mordaza obedece a una tendencia a nivel internacional y que se enmarca en la lucha contra el terrorismo en sentido amplio. Dicho eso, no se deben confundir las cosas. El derecho penal es la última frontera del Estado de derecho, y debe reservarse para los casos más graves. De manera que para otro tipo de conductas menos graves pueden imponerse otro tipo de sanciones, por ejemplo multas. Se debe guardar una mayor proporcionalidad entre conductas y sanciones, dotando a los jueces de mejores herramientas para evitar situaciones un tanto absurdas y claramente desproporcionadas como las que se han producido con las condenas de algunos tuiteros o raperos. Pero eso es un problema más del legislador que de los jueces. 

-- Por tanto, con el nuevo Gobierno, esa ley ¿es reformable o prescindible?

-- La ley es perfectamente reformable. Se pueden combatir las cuestiones que preocupan a la sociedad y que son serias sin necesidad de una ley de estas características, y, de hecho, antes no la teníamos y no pasaba nada. Hemos vivido sin ella, y no se pone en peligro la lucha contra el yihadismo ni contra el terrorismo.

-- ¿Qué se podría hacer respecto a la reforma del Consejo General del Poder Judicial?

-- Creo que se debería volver al espíritu de la Constitución, con un mayor peso de los jueces en la elección de los vocales del consejo, y además habría que limitar sus facultades, objetivando los nombramientos judiciales que le corresponden. La mayoría de las plazas se proveen por concurso de méritos, pero habría que avanzar en mecanismos objetivos de valoración de las plazas de la cúpula judicial. Para permitir que los jueces que llegan al Tribunal Supremo, por ejemplo, sean los mejores jueces, entendiendo por tales los que mejores sentencias ponen, los que hacen mejor su trabajo judicial sin consideraciones de otro tipo.  

-- ¿Con mayor presencia o valoración por parte de las asociaciones judiciales?

-- Creo que para valorar objetivamente a los mejores jueces no hace falta tener en cuenta a qué asociación pertenecen, la verdad.

-- ¿Cree que se ha abusado, en el caso de los políticos independentistas presos, con la prisión preventiva?

-- El problema de la prisión preventiva se debe a la tardanza de las instrucciones penales en España. La cantidad de tiempo que se emplea es realmente muy grande. ¿Qué haces mientras tanto con las personas que están siendo investigadas? Pues es el juez instructor en cada caso quien decide, a partir de los requisitos legales que permiten utilizar la prisión preventiva, sobre la posible destrucción de pruebas y el riesgo de fuga. No me gusta la prisión preventiva y menos en el caso de delitos no de sangre (delitos de tipo económico o en el caso de los políticos catalanes los delitos contra el ordenamiento constitucional o contra las Administraciones Públicas) pero hay que entender que el juez de instrucción lo que pretende es intentar asegurar que los investigados estén a disposición del juez si lo necesita, que no destruyan pruebas y que no puedan fugarse, lo que sí ha ocurrido en este caso. Por lo demás, nos guste o no (y a mí no me gusta), tampoco tenemos un número enorme de presos preventivos ni se trata de una situación excepcional en el marco de la Justicia española. 

-- Hay otros organismos, al margen del Consejo General del Poder Judicial, que están demasiado politizados. ¿Hay una excesiva protección a los partidos políticos?

-- Tenemos problemas de politización en distintos organismos, pero se concentran en las cúpulas de las instituciones, no se trata de un problema de los funcionarios o empleados públicos. Habría que caminar hacia una mayor neutralidad en ámbitos como las televisiones públicas, tanto la estatal como las televisiones autonómicas, en las empresas públicas, en empresas como Correos, por ejemplo, en la que se acaba de nombrar a una persona muy cercana a Pedro Sánchez sin experiencia profesional alguna en ese ámbito. ¿Qué sentido tiene cambiar directivos si son buenos profesionales cuando cambia un Gobierno en empresas como Adif, Renfe y tantas y tantas empresas públicas? En Hay Derecho hemos comparado esas situaciones con las de otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, Correos ha tenido nueve directores en 20 años, mientras que su equivalente francés solo ha tenido tres, porque hay una gestión profesional. 

-- ¿Eso es calidad de una democracia?

-- La neutralidad y la profesionalidad de las instituciones es un síntoma claro de calidad democrática. Unas instituciones fuertes, y eso quiere decir profesionales y neutrales, son propias de una democracia avanzada. Nuestra democracia, siendo una democracia avanzada o completa como dicen todos los rankings disponibles, necesita mejorar en este ámbito.

-- ¿En qué estamos peor?

-- Yo creo que en la profesionalización y neutralidad de las instituciones hay mucho margen de mejora. 

-- ¿En organismos como el Tribunal de Cuentas?

-- Hay un margen de mejora claro, que evite un reparto partidista en el órgano y favorezca un funcionamiento estrictamente profesional y neutral.