El Govern se ha visto obligado a dar marcha atrás en su intento de acceder a la bases de datos de los juzgados ante el veto impuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) primero y el Consejo General del Poder Judicial después. Según ha podido saber Crónica Global, la Consejería de Justicia ha desmantelado del Equipo de Mejora Continua creado hace un año y al que se había encomendado una inspección encubierta pese a no tener competencias para ello. 

El conflicto se remonta a marzo de 2017, cuando la Consejería de Justicia, cuyo titular era entonces Carles Mundó (ERC) informó a los cuatro sindicatos más representativos de la administración de Justicia –STAJ, CSIF, CCOO y UGT— para informarles de la convocatoria de ocho plazas de evaluadores del funcionamiento de las oficinas judiciales. Esta decisión se basaba en una auditoría efectuada por consultora Everis, en la que se ponía de manifiesto la necesidad de mejorar la productividad en los juzgados.

"Detectar disfunciones"

Los sindicatos enmarcaron la labor de ese Equipo de Mejora Continua, pues así se denominó ese grupo de evaluadores, en el proyecto del Govern de convertir la justicia catalana en una “estructura de Estado”. Advirtieron de que ya existía un Área de Inspección en el departamento y elevaron sus quejas al TSJC y al CGPJ.

Entre las funciones de ese Equipo figuraba “ejecutar el trabajo de campo en los juzgados y fiscalías a fin de hacer las evaluaciones de los componentes básicos objeto de análisis: personas, organización, procesos y recursos”, así como “detectar disfunciones y proporcionar datos para la toma de decisiones estratégicas”.

Estos evaluadores deberán “elaborar propuestas de organización de la distribución del trabajo dentro de cada juzgado o fiscalía”. También se les encomienda “diagnosticar y proponer planes de mejora” y hacer el seguimiento de la mejora continua”.

Quejas ante el TSJC y el CGPJ

Las quejas de los sindicatos dieron sus frutos en mayo, cuando el TSJC hizo pública una circular, de la que informó este diario, según la cual “por más que se eluda el término inspección y se mute por el vocablo evaluación, tanto los objetivos específicos que se describen en el proyecto, como los métodos o técnicas evaluadoras descritas y también la mayor parte de los indicadores a evaluar, constituyen auténtica actividad inspectora”. Algo que colisiona con la Ley Orgánica del Poder Judicial, que “atribuye al CGPJ la superior inspección y vigilancia sobre todos los juzgados y tribunales”.

Dos meses después, el CGPJ se posicionó con el TSJC en un informe en el que se advertía de que las comunidades autónomas “no pueden ejercer labores o cometidos que materialmente sean actos de inspección” de los órganos judiciales.

Este Consejo avaló la prohibición de que ese Equipo de Mejora Continua accediera a los sistemas de gestión procesal ni las actividades y visitas de inspección programadas.

El efecto Vidal

Estos órganos de poder judicial se referían concretamente a la prohibición de que la Consejería de Justicia accediera a los sistemas de gestión procesal (e-jcat y Temis2), es decir, a su banco de datos. La cautela de los jueces tiene justificación pues, por esas fechas, persistía la polémica sobre las declaraciones del exsenador de ERC y magistrado Santi Vidal, quien aseguró que la Generalitat tenía datos fiscales de los catalanes obtenidos de forma ilegal.

Tras los dos varapalos judiciales, la Consejería ha decidido desmantelar el Equipo, una medida que todavía no ha anunciado oficialmente, pues lo hará en la próxima reunión que mantendrá con los sindicatos.