El Govern gastó ocho veces más en ‘estructuras de estado’ que en vivienda social

A la cabeza en desahucios y a la cola en vivienda social. Durante los años del procés independentista, Cataluña ha recortado drásticamente las partidas destinadas a la promoción de viviendas con precio asequible, al tiempo que no escatimaba en las llamadas “estructuras de estado”. La especulación con el parque de viviendas públicas, así como el enfoque puramente asistencial de servicios público tan importantes como la sanidad o la educación, están detrás de las erráticas políticas de los sucesivos gobiernos soberanistas. Tal es así que, en 2017, el presupuesto destinado a promover el acceso a la vivienda se había reducido a la mitad respecto a 2008.

Así, Cataluña dedicó el año pasado solo el 0,63% del presupuesto de la Generalitat (30,6 millones de euros) a acceso a la vivienda y fomento de la edificación. Es decir, 193 millones de euros, cifra que supone la mitad de lo que se destinó a ese concepto una década antes. Este porcentaje sitúa a la comunidad catalana en el vagón de cola de las autonomías, por encima de Castilla La Mancha (0,56%), Castilla-León (0,56%), Comunidad Valenciana (0,51%) y Baleares (0,43%). Por el contrario, la Comunidad de Madrid dedicó 411 millones en 2017, es decir, el 2,01% de sus presupuestos.

La estadística del CGPJ

En paralelo, Cataluña es la comunidad con más desahucios, según la última estadística del Consejo General del Poder Judicial. Así, en el último trimestre de 2017, registró 3.410 lanzamientos por impago de hipoteca (la palabra técnica referida a los desahucios), lo que representa el 22,3% del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 2.581; la Comunidad Valenciana, con 2.099, y Madrid, con 1.587. Atendiendo solo a lanzamientos por impago de alquiler, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 2.186; seguida por Madrid, con 1.308; Andalucía, con 1.150; y la Comunidad Valenciana, con 1.097. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 1.266; seguida por Cataluña, con 974; la Comunidad Valenciana, con 952; y Murcia, con 404.

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Desahucios derivados de ejecución de hipoteca (en amarillo) y de la Ley de Arrendamientos Humanos (en azul)

“La exconsejera de Gobernación Meritxell Borràs –responsable en materia de vivienda-- mintió al asegurar que Cataluña nunca había invertido tanto en vivienda”, denuncia a Crónica Global el diputado de Ciudadanos Sergio Sanz.

Victimismo

“En materia de vivienda, Junts pel Sí se dedicaba a proclamar leyes con títulos muy interesantes, pero que no sólo no solucionaban el problema, sino que al invadir competencias les permitía hacer victimismo del tipo ‘tenemos un estado en contra’, añade.

Se refiere, por ejemplo, a la ley catalana de Medidas de Protección del Derecho a la Vivienda de las personas en riesgo de exclusión, suspendida por el Tribunal Constitucional. “No se trata de aplicar una política asistencial, sino de tener una política de vivienda, algo básico en un estado del bienestar. A nadie se le ocurriría plantear la sanidad como ayudas a quienes lo pasan mal. Existe un sistema público que garantiza la asistencia. Con la vivienda debería pasar lo mismo”.

En la anterior legislatura, Ciudadanos presentó una propuesta de resolución con la finalidad de mantener la titularidad pública de los terrenos residenciales que son propiedad de Incasòl (Institut Català del Sòl) y de otras administraciones en municipios de alta demanda de vivienda. Pero no salió aprobada.

Parque público de viviendas

“Uno de los problemas que hemos tenido ha sido que la Vivienda de Protección Oficial (VPO) de venta no permite consolidar un parque público, ya que esas viviendas con el tiempo han perdido la protección y han pasado al mercado libre. Las administraciones han especulado con el precio del suelo destinado a vivienda protegida, ya que lo vendían al precio más alto que admitía el mercado. Según la zona, la vivienda protegida podía venderse hasta por 3.000 euros por metro cuadrado, cuando construir podía salir por unos 900 euros”, asegura el diputado de la formación naranja.

Cabe recordar que, en 2013, el entonces consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, intentó poner a la venta vivienda social perteneciente al Incasòl con la finalidad de reducir el déficit existente en las arcas públicas. Lo denominó “optimización de activos”.

Impuesto de pisos vacíos

Durante el gobierno de CDC y ERC, la falta de vivienda social se intentó solucionar usando los 11 millones de euros ingresados gracias al impuesto de pisos vacíos. Con esta cifra, anunció la Consejería de Gobernación, se adquirirían 260 pisos asequibles. Sergio Sanz subrayó en sede parlamentaria el hecho de que el Govern había gastado ocho veces más en “estructuras de estado” (oficinas en el exterior y hacienda catalana), unos 80 millones de euros, que en vivienda social. “Con ese dinero destinado a gastos identitarios se podrían haber adquirido 1.800 viviendas”, dijo.

Actualmente, el parque público de viviendas es claramente insuficiente. La cifra es inferior al 1,8% sobre el total existente, muy alejada del objetivo del 15% establecido en la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda. En paralelo, Cs presentó una moción sobre políticas de vivienda. Los votos de Junts pel Sí impidieron que prosperaran algunos de los puntos fundamentales de la propuesta, como por ejemplo destinar un mínimo de 1.000 millones de euros a políticas de vivienda.