La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha recuperado su base ideológica con la última medida estrella del gobierno municipal. Ha anunciado un nuevo pulso con la empresa mixta que se encarga de la gestión del agua en la capital catalana y su área de influencia para revertir la concesión vigente. Es decir, avanzar en la municipalización de un servicio metropolitano.

Da el paso tras el batacazo de la multiconsulta. BComú pretendía poner el broche al mandato con la celebración de este referéndum ciudadano para conseguir el aval de los barceloneses en una iniciativa que se ha convertido en la obcecación de la legislatura. Pero erró al medir su fortaleza en el pleno. No consiguió los apoyos políticos necesarios para sacar la iniciativa adelante. Ni siquiera los de la CUP, el partido que le ha apoyado hasta la fecha en esta política crucial para los comuns.

Área Metropolitana

Tampoco ha hecho bien los cálculos en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la institución que tiene la competencia en la gestión del servicio y que también está presidida por Colau. Es uno de sus consejeros de mayor confianza, Eloi Badia, el encargado de esta materia tanto en el organismo supramunicipal como en el consistorio de la capital catalana.

El concejal de Presidencia, Agua, Energía y del distrito de Gràcia ha informado este miércoles de que los juristas del ayuntamiento avalan sus tesis de que la concesionaria del servicio no dispone del contrato específico para la ciudad. Es decir, la empresa mixta participada por Aguas de Barcelona (70%), Criteria (15%) y la propia AMB (15%).

Sentencia del TSJC de 2016

Ha asegurado que los asesores legales municipales se basan en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 2016 que ya lo afirmaba. Una resolución que ha sido recurrida en el Tribunal Supremo, que aún no ha resuelto, y que, de hecho, sí que reconoce un seguido de concesiones que se remontan a los años 50 del siglo pasado del servicio de agua que habían quedado desfasados por las últimas legislaciones catalanas al respecto.

De hecho, la constitución de la compañía mixta pretendía poner solución a esta cuestión, aunque el gobierno de Xavier Trias erró en el proceso administrativo que se siguió. El alto tribunal catalán consideró que no había aplicado la concurrencia pública que se requería en un proceso de estas características y anuló los decretos de constitución de la sociedad mixta. Por lo que se retrotraía la prestación del servicio al momento previo.

Nueva batalla judicial

Es decir, que el AMB se encargaba de la gestión de las plantas depuradoras y Aguas de Barcelona, de las concesiones municipales. Con la consiguiente adecuación del servicio posterior. O, tal y como estiman los juristas expertos en el sector público, la iniciación de otro proceso judicial por la validez de estos títulos del servicio en el caso de que se insistiera en la municipalización.

Pero eso es una batalla a medio plazo y supeditada al Supremo. ¿Puede Colau revertir la concesión sólo con los documentos que ha presentado este miércoles Badia? En primer lugar, se debe tener en cuenta que la administración que concesiona el servicio es el AMB. Y si quisiera plantear la municipalización en serio necesitaría el apoyo del resto de los partidos representados para iniciar la expropiación.

Expropiación

De hecho, ni siquiera ha expresado abiertamente que esta sea la intención real de los numerosos estudios e informes que se han encargado al respecto. Colau nunca ha planteado de forma clara al Consejo Metropolitano que ese era el objetivo de las políticas que la vicepresidencia de Medio Ambiente, encabezada por Badia, ha activado. Cuestión que conllevaría una votación en la que necesitaría el apoyo como mínimo de sus socios de legislatura en el AMB, los grupos del PSC y ERC.

Así se lo ha planteado la empresa mixta que se ocupa del servicio en las alegaciones que ha presentado a nivel metropolitano. Un proceso que se activó cuando Badia presentó parte de los mismos informes municipales a los que ha echado mano este miércoles con la intención de rebajar en 340 millones de euros el valor de los activos de la empresa mixta.

Informes independientes

De nuevo, no consiguió los apoyos políticos necesarios para iniciar la revisión del contrato ya que se cuestionaron las tesis de Barcelona Regional. Los partidos de la oposición recordaron que los cálculos que constan en el actual servicio cuentan con el aval de los peritos del Registro Mercantil. Garantía de su independencia.

Otro varapalo en la voluntad de municipalizar el agua. ¿Representa un interés real de la ciudadanía? Por ahora, no ha aparecido en ninguna de las cuestiones de actualidad municipal. Centran la inquietud de los barceloneses asuntos como la escalada del precio de la vivienda, los narcopisos o la proliferación del top manta, entre otras cuestiones.

Coste económico

Colau ha acumulado en los últimos tres años informes y documentos a favor de sus tesis. Nunca ha activado formalmente un proceso de reversión que impactará de forma considerable en las cuentas públicas, tal y como advierte incluso su antiguo socio de legislatura, el socialista Jaume Collboni.

Los únicos que han hecho los cálculos del coste de municipalizar son los gestores de la mixta. Afirman que alcanzaría los 1.200 millones de euros. BComú niega la cifra, pero no entra en materia. Por ahora, acumula guiños a su base electoral en un momento en el que las encuestas no son especialmente favorables para Colau.