Ada Colau insiste con la multiconsulta pese a las irregularidades

Ada Colau insiste con la multiconsulta pese a las irregularidades y falta de consenso político. La alcaldesa de Barcelona ha rechazado hoy jueves, 17 de mayo, que "la situación actual sea de derrota", pese a que un pleno el pasado 10 de abril tumbó el proceso participativo, que buscaba preguntar sobre la municipalización del agua y el cambio de nombre de una plaza.

En un debate ciudadano moderado por el sociólogo Manuel Castells, la munícipe ha reiterado que llevará "la cuestión del agua hasta el final". Según ella, "por muchos millones que ponga Agbar y muchos medios y abogados que ponga, tardaremos más o menos, pero vamos a llevar la cuestión del agua hasta el final". Pese a que la oposición municipal descartó celebrar el proceso por las múltiples irregularidades, Colau ha aseverado que "no es ni mucho menos un derrota, porque es un conflicto que era invisible y que ahora está sobre la mesa".

Triple culpa

Además de cargar contra la oposición y las compañías de gestión de agua, la primera edil ha asegurado que el Gobierno también ha frustrado sus planes, yendo "mano a mano" contra el fallido proceso que pretendía someter las dos cuestiones a votación. No se ha detenido aquí. La que, salvo sorpresa, será candidata a la reeelección en las elecciones municipales de 2019, ha manifestado que "los Estados ven a las ciudades como su enemigo".

En el mismo plano ideológico, la líder de BComú ha argumentado que "o nos actualizamos e innovamos dentro de lo público, o lo público está muerto. Y además van a por ello. Los que tienen grandes intereses privados hace tiempo que van a por lo público".

Irregularidades

Cualquiera que fuera su razonamiento ideológico, lo cierto es que la multiconsulta que proponían los comunes para Barcelona colapsó en abril. Antes, reunió diez acciones judiciales en su contra por parte de patronales, entes de control de la contratación y entidades. También generó una denuncia en la fiscalía. Tal y como desveló Crónica Global, Barcelona en Comú, además, usó cargos públicos para recoger firmas y pretender que existía un gran interés social sobre la cuestión.

Todo ello fue en balde. La oposición municipal rechazó la iniciativa en un pleno extraordinario el pasado 10 de abril. Poco después, un juzgado de Barcelona paralizó la adjudicación de los servicios del proceso participativo por entregar datos personales de los ciudadanos a la empresa que ganó la licitación que organizaba la iniciativa.