Los símbolos independentistas llegan a las guarderías

El debate sobre el supuesto adoctrinamiento independentista en las aulas catalanas llega al Parlament. Lo hace en forma de petición de comparecencias y propuestas de resolución. Y en el marco de la polémica generada por la investigación abierta por la Fiscalía por las presuntas humillaciones a hijos de agentes de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

Hace meses que partidos políticos y asociaciones de padres vienen denunciando la instalación de símbolos secesionistas –lazos amarillos, estelades-- en escuelas públicas, así como circulares en las que se insta a movilizaciones identitarias –Diada, referéndum del 1-O--.

Uno de los últimos episodios es la aparición de lazos amarillos –que simbolizan la protesta contra los políticos presos-- en una guardería de El Papiol (Barcelona). Se trata de la escola bressol Cucut. Por este motivo, la diputada de Ciudadanos Sonia Sierra ha presentado en la Cámara catalana un pregunta dirigida al Govern. “¿Cree el Departamento de Enseñanza que se puede considerar adoctrinamiento secundar una campaña política en una guardería, donde los alumnos no pueden tener un criterio político formado dada su edad?”.

Sin embargo, em alcalde de El Papiol, Jordi Bou (PDeCAT) asegura que esos lazos "se colocaron, como cada año, con motivo de la fiesta de carnaval" en el marco de una actividad dedicada a los colores, consistente en colgar lazos rojos, azules, lilas, blancos y amarillos. Éstos se corresponden com los cinco escenarios diferente de un cuento que se leyó. Como prueba de esta actividad, el Ayuntamiento aporta documentación que se puede leer en este enlace. El Consistorio precisa que la foto que ha hecho circular Cs fue realizada desde un ángulo del que solo se puede ver el color amarillo.

Igualmente controvertido, por la corta edad de los protagonistas, fue el vídeo publicado por Crónica Global en el que se ve a un grupo de niños gritando “libertad” ante el Dimoni, una figura tradicional de las fiestas de mayo de Badalona.

Comparecencia del Síndic

En paralelo, Ciudadanos y el PP han presentado una petición conjunta de comparecencia del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, para “someterse al control parlamentario por su actuación o falta de la misma ante diversos casos en los que los derechos e intereses de niños y adolescentes se han podido ver gravemente vulnerados”. En concreto, se refieren a los hechos supuestamente sucedidos en el Instituto El Palau, la comunicación pública de datos personales de menores hijos de servidores públicos y la utilización de símbolos partidistas en fiestas populares destinadas a niños.

El Síndic asegura haber recibido un total de 87 incidencias procedentes de 57 escuelas o institutos, y que muchas de ellas pueden ser "falsas, inconsistentes o extemporáneas".

No obstante lamenta el clima que se ha generado en la comunidad educativa a consecuencia de las investigaciones judiciales y recomienda que en las escuelas se hable de la situación política de Cataluña respetando todas las opciones. Además, cree que deben evitarse los símbolos partidistas “del signo que sean”.

Sindicatos en favor de la "escuela catalana"

Ribó visitó el centro afectado la semana pasada. El sindicato Ustec ha interpretado las denuncias como un ataque a la escuela catalana, en la misma línea del presidente del Consejo Escolar de Cataluña, Lluís Font –diputado de Junts per Catalunya--, que criticó el “linchamiento público” de los profesores. UGT y CCOO también han salido en defensa del sistema educativo catalán.

A juicio de la formación naranja y de los populares, las manifestaciones realizadas recientemente por Ribó, en las que cuestiona la veracidad de las denuncias de los padres de Sant Andreu de la Barca, le convierten en “un engranaje más del procés”. Así lo aseguró ayer el portavoz de Cs, Carlos Carrizosa.

134 casos de adoctrinamiento

Asimismo, la diputada del PP Andrea Levy ha asegurado que su partido ha contabilizado 134 casos de adoctrinamiento y acoso a alumnos desde septiembre. Por ello, además de presentar una propuesta de resolución en la que se condena la instrumentalización política de la escuela, pide “que la Generalitat se persone en estos casos e inhabilitar a profesores que adoctrinen”.

Levy también propone habilitar un mecanismo de denuncia de estos casos de forma anónima.