El jefe de gabinete de Eloi Badia también hinchó la recogida de firmas de la multiconsulta. Moisès Subirana Iborra, responsable de confianza de Medio Ambiente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), puesto por el que percibiría 48.948 euros por una dedicación completa, orquestó lo que a priori debía ser una iniciativa vecinal para lograr una votación ciudadana sobre la remunicipalización del agua.
Subirana participaba en las conversaciones organizativas de la recogida de apoyos como Mui, el nombre con el que es conocido en los círculos del activismo. Cualquiera que fuera su apodo, la mano derecha de Eloi Badia, concejal de Presidencia, Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona, pervirtió lo que a priori se presentó como un proyecto vecinal que coordinaba la plataforma RemunicipalitzemBCN.
Campaña activa desde un cargo público
Lejos de desarrollarse como una iniciativa neutra y de ciudadanos de a pie, el jefe de gabinete de Badia en el AMB figura en dichas conversaciones organizativas como montador de diversos actos públicos por la multiconsulta. En los mismos, Mui propone como ponentes nombres de la plataforma Aigua és Vida, de la que él proviene como miembro de Enginyers sense Fronteres, una entidad vinculada a la galaxia política de los comunes, en la que también participó el concejal Badia.
Subirana también es citado como responsable de la custodia de los pliegos de firmas, miembro del comité de coordinación general de la campaña de RemunicipalitzemBCN y uno de los responsables de buscar fedatarios, esto es, las personas teóricamente neutrales que comprobaban la veracidad de las rúbricas conseguidas.
¿Iniciativa 'desde abajo'?
La participación del cargo de confianza del AMB en la iniciativa política de BComú en Barcelona no tendría relevancia salvo por dos hechos. Por un lado, la portavocía de prensa de la institución supramunicipal no ha querido aclarar si dicha participación se produjo en horas de trabajo de Subirana o fuera de ellas. Tampoco ha aclarado si la promoción de la multiconsulta colisiona con el puesto de responsabilidad del activista. Según desveló la CUP en 2015 [ver aquí], un asesor del rango de Subirana percibe una asignación de 48.948 euros al año.
Por el otro, la presencia activa del cargo nombrado a dedo desvirtúa un proyecto que, cuando presentó sus 26.389 firmas a la concejal de Participación de Barcelona, Gala Pin, ésta misma lo presentó como "una iniciativa desde abajo en la política".
Otra concejal de distrito
De hecho, los chats --públicos-- de la recogida de firmas para la organización de una consulta ciudadana sobre si era pertinente municipalizar el agua de Barcelona están trufados de cargos políticos. Como avanzó este medio, Àngels Tomás, concejal de distrito del barrio de Gràcia (BComú), participó activamente en los mismos. Una vez trascendió la información, ella misma aclaró que lo hizo "como activista en horas libres".
Un argumento similar esgrimió Jennifer Coronado, también concejal de distrito de BComú en Nou Barris. La representante pública admitió "haber ayudado a recoger firmas a los activistas", aunque no se convirtió en fedataria de los apoyos "por coherencia". Según ella, lo hizo porque "la lucha está en las instituciones, pero también en la calle".
La multiconsulta se hunde
Pese al fervoroso apoyo material de cargos públicos y electos de BComú a la recogida de firmas previa al proceso participativo, éste se hundió tras bordear el filo de la ley. Generó un mínimo de diez acciones legales de patronales, la empresa concesionaria mixta que gestiona el agua y asociaciones de letrados, amén de denuncias de presuntas irregularidades en la recogida de firmas. La Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática entró un escrito en la fiscalía en el que alegó una posible comisión de un delito de revelación de secretos.
En el plano político, ni la propuesta de preguntar a los ciudadanos sobre la municipalización del agua ni la del cambio del nombre de la plaza Antonio López por el de Idrissa Diallo prosperaron. Con la primera, BComú sólo concitó el apoyo de ERC, sumando 15 concejales contra 25 que se oponían --el edil no adscrito se abstuvo--. La segunda iniciativa tampoco se aprobó, hundiendo una de las grandes promesas de la legislatura del ejecutivo local de Ada Colau: celebrar una multiconsulta cada año salvo en el electoral.