El juez de la sala de Instrucción número 3 de Sabadell apunta por indicios de prevaricación al rey de las municipalizaciones de la CUP. Jordi Colomer Missé, asesor de Presidencia en el área de Economía y Servicios Centrales del ayuntamiento que comandan la Crida --marca blanca de los radicales--y ERC, asesoró también en rescatar servicios a Badalona y Arenys de Mar, otros municipios controlados por los anticapitalistas.
El alto cargo, ambientólogo y activista se unió al equipo de gobierno de la ciudad en 2016. Antes, Colomer ya había acumulado experiencia en Badalona, donde Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) lo denunció por un informe externo en el que denunciaba un sobrecoste en la recogida de basuras de 12,8 millones de euros. Tras una denuncia del consistorio pilotado por Guanyem Badalona en Comú, la Fiscalía archivó las diligencias al no existir "base fáctica", según la firma.
Euskadi, también
Anteriormente a la pugna con FCC en Badalona, Jordi Colomer trabajó de técnico ambiental municipal en Vilassar de Mar (Barcelona) de 2000 a 2006 donde, precisamente, cambió el modelo de recogida de basuras para iniciar un servicio de recogida puerta a puerta que provocó protestas ciudadanas y el crecimiento de la plantilla dedicada a ello.
Después, fichó por varios ayuntamientos vascos en 2008 hasta 2011, cuando regresó a Arenys de Munt (Barcelona), donde el alcalde, Josep Manel Ximenis, lo contrató como cerebro para municipalizar servicios externos. Su labor se trunca en 2013, cuando ERC, CiU y PSC desalojaron al primer edil con una moción de censura. Aún con ello, Colomer siguió figurando en la empresa Aloc Serveis Ambientals SL, vinculada al ayuntamiento y responsable de la organización y prestación de servicios públicos municipales, hasta 2017.
Chapuza en Badalona
En paralelo, Colomer realizó el polémico informe sobre el contrato de recogida de basura en Badalona en 2016. El ambientalista situó el presunto fraude sobre los 10 millones de euros. El gobierno municipal de Dolors Sabater entregó el expediente al ministerio público, que archivó las diligencias en enero de este año.
Tras esa chapuza, el técnico participó en los informes que detectaron un sobrecoste de siete millones de euros en la facturación de la empresa Servicios de Medio Ambiente (Smatsa) por el mismo servicio en Sabadell (Barcelona), otro ayuntamiento que dirigen los anticapitalistas. La enseña se querelló contra el entonces alcalde, Juli Fernández (ERC), los concejales Xavier Guerrero (ERC), Lluís Perarnau y Albert Boada (Crida), tres técnicos municipales y el propio Jordi Colomer. La acción judicial fue admitida a trámite en octubre de 2017, y ahora ya hay citaciones judiciales.