Prisión incondicional para Junqueras y siete exconsejeros de Puigdemont

La juez de la Audiencia Nacional (AN) Carmen Lamela ha dictaminado prisión incondicional sin fianza para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y siete de los exconsejeros del cesado Gobierno de Puigdemont: Raül Romeva (Asuntos Exteriores), Jordi Turull (Presidencia), Meritxell Borràs (Gobernación), Josep Rull (Territorio), Dolors Bassa (Trabajo), Joaquim Forn (Interior) y Carles Mundó (Justicia).

Al otro exconsejero que ha declarado este jueves, Santi Vila (Empresa), le ha impuesto la pena de cárcel eludible con una fianza de 50.000 euros. Todo ellos están investigados por haber cometido presuntamente los delitos de rebelión, sedición y malversación y otros delitos conexos en relación al proceso independentista unilateral. De esta forma, la magistrada ha asumido plenamente las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía.

Riesgo de fuga y reiteración delictiva

En su auto --disponible debajo de estas líneas--, la juez justifica el envío de los exmiembros del Govern a la cárcel porque considera que hay riesgo de fuga y de reiteración delictiva, así como riesgo de destrucción o alteración de pruebas. "Tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permita abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero. En este punto basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido", indica Lamela en el auto.

En cuanto al riesgo de reiteración delictiva, la magistrada lo considera evidente teniendo en cuenta que las "actividades delictivas descritas se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años" desde que comenzó en 2015 la andadura del proceso secesionista de Cataluña.

Dos años de actuaciones

Al margen de esta situación, Lamela hace un relato en su auto de la actuación de los nueve exconsellers encarcelados por sus actuaciones a lo largo de estos dos últimos años, un contexto en el que también menciona a Puigdemont.

En concreto, cita la actuación del presidente cesado cuando se dirigió a los alcaldes de Cataluña pidiéndoles que pusieran a disposición locales para la celebración del referéndum secesionista ilegal del 1-O. Tras la negativa de algunos de ellos, Puigdemont hizo el pasado 8 de septiembre durante un mitin "un llamamiento al enfrentamiento de los asistentes con estos alcaldes". Les dijo: "Miradles a los ojos y que os digan si os dejarán votar o no. Vosotros les pagáis y ellos os tienen que rendir cuentas".

Actos delictivos deliberados

El auto también destaca que la planificación, organización y celebración del referéndum independentista ilegal del 1-O fue financiado "con fondos públicos" que fueron "deliberadamente" destinados para este propósito. Todo ello pese a que el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional todas las partidas presupuestarias en las cuentas de la Generalitat en el caso de que se destinaran a la celebración del referéndum.

Pese a ello, subraya, "los querellados han hecho posible la realización de pagos para llevar a cabo un acto no ya contrario a derecho, sino constitutivo de delito" al vulnerar la resolución del TC. "Habiendo preordenado los gastos para la consumación de un acto delictivo, cabe afirmar que los gastos generados han sido deliberadamente y ab initio destinados a un fin radicalmente ajeno a la función pública", precisa. Y añade que con esta actuación los exconsellers se desviaron "deliberadamente del correcto funcionamiento de la actividad patrimonial de la comunidad autónoma de la que eran responsables".

La fiscalía pide la captura internacional de Puigdemont

Además, la juez estudia la petición de la fiscalía para solicitar una orden internacional de detención contra el cesado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros cuatro de sus exconsejeros --Clara Ponsatí (Enseñanza), Toni Comín (Salud), Meritxell Serret (Agricultura) y Lluís Puig (Cultura)--, que se han negado a atender la citación de la Audiencia Nacional y siguen huidos en Bélgica.

La fiscalía ha solicitado esta medida ante los "reiterados intentos de entregar la citación" y las "reiteradas llamadas telefónicas" a los que los investigados habrían hecho "caso omiso". Sin embargo, según fuentes de la Audiencia Nacional, la magistrada no tomará una decisión al respecto este jueves, puesto que, tras decidir la prisión de los exconsejeros, Lamela se ha hecho cargo de otros detenidos por encontrarse esta semana de guardia.

Alcalá Meco y Estremera

Lamela es la misma juez que hace dos semanas ordenó prisión preventiva para los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, acusados de sedición. Ambos están ingresados desde entonces en la cárcel de Soto del Real (Madrid).

Aunque inicialmente se había previsto distribuir a los nueve detenidos en cinco cárceles distintas (Estremera, Valdemoro, Aranjuez, Navalcarnero y Alcalá Meco,), el Ministerio de Interior, tras consultar con la magistrada, ha decidido finalmente que, por razones organizativas y para facilitar la labor de las defensas, se agrupe a los siete hombres --Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Mundó, Rull y Vila-- en la prisión de Estremera (una de las más modernas, que cuenta con sistema de videoconferencia), y a las dos mujeres --Borràs y Bassa-- en Alcalá Meco, ambos situados en la Comunidad de Madrid.