Choque de trenes entre juristas por la independencia exprés

La tramitación de la independencia exprés, previa reforma del reglamento del Parlamento catalán, ha propiciado un primer “choque de trenes” entre juristas del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) y los letrados de la Cámara catalana.

El CGE, una especie de tribunal constitucional a la catalana que debe velar por el ajuste de las leyes y normas catalanas a la Constitución española y el Estatut, deberá pronunciarse sobre un informe de los letrados del Parlament, muy crítico con el procedimiento de la reforma exprés. Ciudadanos, hábilmente, ha incluido este informe en su petición de dictamen al CGE sobre la reforma del reglamento de la Cámara catalana impulsada por Junts pel Sí y la CUP.

La izquierda, también

También el PSC pidió dictamen sobre la reforma del reglamento, que relaciona con la “aprobación de una fantasmagórica ley de desconexión, de transitoriedad jurídica o de régimen jurídico catalán, que resulta absolutamente imposible de ignorar, ya que hay referencias a la necesidad de poder aprobarla por un mecanismo de extraordinaria urgencia, que evite la publicación anterior a su aprobación y, en general, que minimice los riesgos de ser impugnada ante cualquier instancia”. Por su parte, CSQP propone una ley de reforma de CGE precisamente para garantizar que los cambios en el reglamento del Parlament no afecten a los derechos de los grupos de la oposición.

Con esta reforma, los independentistas pretenden aprobar la ley de transitoriedad --conocida como de deconexión-- por la vía de urgencia. Es decir, sin debate parlamentario y con lectura única, de forma que sólo habrá una votación sobre esa ley, la más importante de la hoja de ruta secesionista.

Lograr el consenso

Entre las observaciones de los abogados de la Cámara catalana, destaca la necesidad, afirman, de que esa reforma “cuente con el más amplio consenso posible, como ha sido regla habitual en las sucesivas reformas del reglamento del Parlament, aunque no sea imprescindible”. También insta a que esa modificación sea “especialmente cuidadosa y rigurosa en su formulación para evitar situaciones que puedan comprometer el buen funcionamiento de los órganos parlamentarios o crear dudas interpretativas innecesarias respecto de su aplicación”.

También señala que la aprobación exprés es adecuada para normas que se caracterizan por su simplicidad, algo que no se especifica en la reforma, por lo que "se puede interpretar que la lectura única puede referirse a cualquier propuesta de ley independientemente de su contenido o de su formulación". Esto daría lugar a que "una mayoría parlamentaria tendría la capacidad de aplicarlo en cualquier circunstancia como alternativa al procedimiento legislativo ordinario, en evidente perjuicio de los derechos de las minorías".

Bayona y Ridao, exmiembros del CGE

Se da la circunstancia de que en el cuerpo de letrados del Parlament hay dos antiguos miembros del CGE, Antoni Bayona (lo era cuando este órgano se llamaba Consejo Consultivo) y Joan Ridao, exsecretario general de ERC. Es decir, que los juristas del Consejo de Garantías tendrán que cuestionar o validar el parecer de sus antiguos compañeros. Para más enredo, se acaba de incorporar al CGE Margarida Gil, que hasta ahora ocupaba el cargo de jefa del Gabinete Jurídico de la Generalitat. Gil, que sustituye a Eliseo Aja, había sido colocada por Artur Mas al frente de esa unidad jurídica, donde revocó la decisión del Gobierno tripartito de presentar acusación en el caso Palau, donde afloró la financiación irregular de CDC.

No es la primera vez que los abogados del Parlament cuestionan la reforma del reglamento del Parlament. Como tampoco es inédito el pronunciamiento del CGE sobre el procés, pues este órgano declaró inconstitucional la partida de los presupuestos de la Generalitat destinada a la organización del referéndum. Pero el Govern ha hecho caso omiso --los informes del CGE no son vinculantes--, mientras que la CUP ha presentado una iniciativa parlamentaria, que no prosperará, para eliminar el Consejo.

La ley de transitoriedad incluye, asimismo, la regulación del referéndum de independencia previsto para el 1 de octubre, aunque no queda claro si, finalmente, ese proceso electoral se regulará a parte.