Los letrados del Parlament, arma arrojadiza del ‘procés’

Muy pocos conocían su existencia hace un año. Pero el llamado procés los ha colocado bajo el foco mediático. Son los letrados del Parlamento catalán, situados muy a su pesar en el centro de la diana política. Según ha podido saber Crónica Global, existe malestar entre los miembros de estos servicios jurídicos, que rechazan ser utilizados como arma arrojadiza de quienes defienden el proyecto independentista, pero también de sus detractores.

La labor de este cuerpo, compuesto por el jefe de los servicios jurídicos y secretario general del Parlament, Xavier Muro (que además es jefe de todos los servicios administrativos de la Cámara); el letrado mayor, Antoni Bayona, y nueve abogados, siempre ha sido intensa y decisiva, pues presta asesoramiento en las tareas parlamentarias, elabora estudios e informes jurídicos sobre las dudas que les presentan los diputados. Pero desde hace un año, sus dictámenes han cobrado un protagonismo especial debido a los trabajos preparatorios de la desconexión de España que impulsan Junts pel Sí y la CUP, con mayoría en la Cámara catalana.

Informes no vinculantes

Sin embargo, sus concienzudos análisis no son siempre tenidos en cuenta. Es cierto que se trata de informes no vinculantes, pero desde que el Tribunal Constitucional se pronunció en contra de que el Parlament apruebe resoluciones favorables a la independencia de Cataluña, son varios los dictámenes que, a petición de la oposición, han advertido de los riesgos de seguir por ese camino.

En enero, julio, octubre y diciembre de 2016, los letrados elaboraron informes respecto a la necesidad de acatar las instrucciones del Alto Tribunal. En vano. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el reproche lanzado la semana pasada por Junts pel Sí a colación de la propuesta de reforma del reglamento del Parlament, primer paso para aprobar la ley de transitoriedad jurídica –conocida como de desconexión— por vía de urgencia. La coalición formada por CDC y ERC acusó a los letrados de no ser claros a la hora de determinar cómo se debía hacer esa modificación, que, finalmente, requerirá de una ponencia conjunta.

Las presiones de los grupos parlamentarios han colocado a los letrados en una situación, cuando menos, incómoda. “Algunos les acusan de no remar a favor del procés, mientras que otros les piden más contundencia es sus informes contrarios al secesionismo”, explican fuentes políticas, conocedoras de ese situación de descontento existente en los servicios jurídicos del Parlament.