La imposible logística del referéndum independentista

“Ya se verá”. Esta es la frase más repetida por el presidente Carles Puigdemont desde el viernes cuando se le pregunta por los detalles de un referéndum previsto para el 1 de octubre. A la improvisación jurídica de esta votación se une ahora una logística imposible, pues el Govern asegura que se puede recurrir a cargos electos para evitar poner en peligro a funcionarios. Así lo reiteró este fin de semana la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Sin embargo, expertos en procesos electorales consultados por Crónica Global cifran en 107.000 el número de personas necesarias para celebrar una votación en Cataluña con plenas garantías, frente a 12.000 cargos electos existentes en Cataluña (diputados, alcaldes y concejales). Obviamente, no todos estos representantes públicos son independentistas. Pero es que, además, ya hay ayuntamientos que han advertido de que no proporcionarán la infraestructura necesaria para hacer ese referéndum. El PSC asegura que sus alcaldes no se sumarán a ese acto unilateral.

Mesas, colegios, mossos...

En las convocatorias electorales que se celebran en Cataluña se instalan 8.233 mesas distribuidas en 2.706 colegios, aprobadas por jueces y secretarios de los 49 partidos judiciales catalanes. Este dispositivo moviliza a 25.000 miembros de mesas (presidente y dos vocales) y 50.000 suplentes. Estas personas se designan en un sorteo que acreditan los 947 secretarios municipales de los ayuntamientos correspondientes. Por otro lado, son precisas 6.000 personas que reciben datos del recuento. Los 8.000 trabajadores de Correos también juegan un papel fundamental, así como el cuerpo de notarios.

Por otro lado, la seguridad de las votaciones moviliza a unos 5.400 agentes de las policías locales, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra.

Cataluña, sin ley electoral propia

Se desmonta, por tanto, la teoría de que los cargos electos puedan asumir un referéndum con plenas garantías. A esas carencias se une un factor decisivo, la ausencia de una Junta Electoral Central, dado que los partidos políticos catalanes no han sido capaces de consensuar una ley electoral catalana –Cataluña es la única comunidad autónoma que todavía se rige por la Ley Orgánica  de Régimen Electoral General (LOREG)–. Por ello, es difícil que los resultados de esa hipotética votación sean reconocidos internacionalmente.

Cataluña no dispone de censo propio, por lo que debe recurrir al Instituto Nacional de Estadística (INE). La obtención de esos datos por otras vías supone vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), con un duro régimen sancionador.