El referéndum unilateral crispa las relaciones entre el PDeCAT y ERC

La supuesta “Semana Grande” del referéndum comienza con un fracaso. El de un Pacto Nacional que estaba llamado a ampliar la base social y política de una votación que, ya es oficial, solo puede convocarse por la vía unilateral. Este organismo, en el que estaban representados partidos políticos, sindicatos y patronales, pretendía representar ese 80% de la población que, según la aritmética parlamentaria, defiende una consulta acordada. Y para visualizar esa transversalidad, qué mejor que poner al frente a un exdirigente del PSC: Joan Ignasi Elena.

Hubo esfuerzos para aumentar las adhesiones al pacto. No tantos para arrancar al Gobierno y a las instituciones internacionales su apoyo, pese a que tenían también esa tarea encomendada. Pero las posibilidades de fracaso eran muy altas. La resistencia del propio Carles Puigdemont a acudir al Congreso de los Diputados para defender el referéndum se basa en esos malos augurios. Descartada la negociación, llega el momento de la verdad. Y también el de poner las cartas sobre la mesa. Mientras el PDeCAT defiende aún la vía escocesa, sus socios de ERC apuestan por la política de hechos consumados, es decir, de afrontar de una vez el choque de trenes.

Las complicidades del presidente catalán con Oriol Junqueras son vistas con recelo desde la nueva dirección de CDC y, obviamente, desde la vieja guardia que representa Artur Mas. Fuentes conocedoras de esas interioridades de la coalición independentista aseguran a Crónica Global que las relaciones entre la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, y Junqueras son muy tensas y eso se pudo comprobar en la reunión del Pacto Nacional por el Referéndum celebrada ayer, 6 de junio. Pascal no pidió la palabra, pero Junqueras sí que intervino. Lo hizo para proponer seguir adelante con la hoja de ruta, a pesar de no haber conseguido ampliar los apoyos sociales e internacionales del referéndum.

El protagonismo de los comunes

Ese 80% de apoyos representados por el pacto incluía a los comunes, que han acaparado todo el protagonismo en los cónclaves celebrados hasta ahora. Ha habido mucho de tacticismo —o ambigüedad, según los independentistas— por parte de la órbita de Ada Colau en esos encuentros. Pero esta confluencia de izquierdas ha jugado la baza del diálogo, con la vista puesta en un nuevo escenario catalán pero, sobre todo, español, donde su prioridad es formar una mayoría progresista que destituya a Mariano Rajoy. Dicho de otra manera, un nuevo horizonte que evidencie el inmovilismo independentista frente a una salida pactada.

Superada la fase de simulación pactista, ha llegado al hora de la verdad para Puigdemont. Muy probablemente, el presidente de la Generalitat anunciará esta semana la fecha y pregunta del referéndum, aunque, a estas alturas, eso es lo de menos. Lo importante es la firma de un decreto —¿colegiada? ¿solo por parte del president y de la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs?— que necesita de la aprobación de la ley de transitoriedad, conocida como de desconexión.

Esa ley, que pretende salir adelante por la vía de urgencia, sin debate parlamentario ni enmiendas, contiene la regulación del referéndum. Por tanto, es previsible que durante estos días haya mucho acto solemne, pero poca oficialidad.