Pablo Iglesias, Ada Colau, Carme Forcadell, Raül Romeva, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras / FOTOMONTAJE DE CG

Pablo Iglesias, Ada Colau, Carme Forcadell, Raül Romeva, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras / FOTOMONTAJE DE CG

Política

La independencia exprés aflora las contradicciones de los podemitas catalanes

Tras los coqueteos de Pablo Iglesias y Ada Colau con el referéndum, CSQP se ha desmarcado votando junto a PSC, C’s y PPC en contra del 'procés'

27 abril, 2017 00:00

La marca catalana de Podemos se desmarcó ayer de un proceso secesionista, con el que había coqueteado durante meses, votando junto a PSC, Ciudadanos y PPC en contra de la ley de independencia exprés, que regula el referéndum. Esta posición, cuya contundencia tiene pocos precedentes en este convulso curso parlamentario, le ha valido a Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP) una fuerte arremetida por parte de Junts pel Sí y la CUP. Algo hay de oportunismo político en todo ello, pero los secesionistas sangran por la herida, pues ya no pueden acreditar que el 80% de los catalanes apoya su referéndum.

Resulta revelador que los dardos de Junts pel Sí y la CUP se dirigieran especialmente contra CSQP –integrada por Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), Podemos y Equo-- en el debate sobre la reforma del reglamento del Parlament que debe permitir la desconexión legislativa por la vía de urgencia.

El cruce de reproches entre los independentistas y los grupos etiquetados de “unionistas”, es decir, PSC, Ciudadanos y PPC, apenas ofreció sorpresas y siguió sus cauces habituales. Pero mientras la diputada de la CUP Anna Gabriel reprochaba a la marca podemita en Cataluña la imposibilidad de negociar un referéndum, es decir, de pasar a los hechos, el convergente Jordi Turull afeaba a CSQP que se alinee con quienes prefieren la denuncia ante el Tribunal Constitucional en lugar de facilitar el llamado derecho a decidir.

Los bandazos de Colau e Iglesias

Y es que la equidistancia mantenida hasta ahora por la alianza de izquierdas quedó rota ayer con un posicionamiento claro contrario al independentismo oficial. Lo han hecho en la recta final del procés, aunque durante meses habían defendido la autodeterminación. Incluso habían salido en defensa de la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, tras ser encausada por desobediencia al permitir la votación de iniciativas independentistas.

Hasta el punto de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que lidera una nueva confluencia de izquierdas cuyo embrión es precisamente CSQP, avaló la consulta secesionista asistiendo a las dos reuniones que ha mantenido el Pacto Nacional por el Referéndum. El Ejecutivo catalán respondió a la complicidad de la primera edil con una invitación a pactar la pregunta del referéndum.

No obstante, el procés también le ha jugado malas pasadas a Colau, quien aseguró que, en el supuesto de que ganara el sí en un referéndum de independencia, ello no significa que se declare. Las airadas reacciones del mundo secesionista le obligaron a reiterar su apuesta por el referéndum.

Ni mayoría, no

La ambigüedad de la marca catalana de Podemos tiene como referente al propio Pablo Iglesias, que también ha dado bandazos al respecto, intentando defender un referéndum, pero sin el apelativo de “independentista”, pues recientemente ha precisado que se debe preguntar a los catalanes sobre su relación con el resto de España.

No obstante, las arremetidas de los independentistas contra CSQP esconden un nuevo fracaso, que se une a su fallida internacionalización del proceso: la imposibilidad de ampliar los apoyos del procés. Durante meses, el presidente, Carles Puigdemont, y sus compañeros de gobierno han asegurado a todo aquel que quería oírle que el referéndum cuenta con el apoyo del 80% de los catalanes, incluyendo en ese saco a los diputados podemitas.

Sin una mayoría social y sin cómplices internacionales, al Govern solo lo queda garantizar la seguridad jurídica del tránsito a la independencia. Dice que lo hará mediante las nuevas leyes catalanas, entre ellas la de transitoriedad. Oculta en un cajón y que será automáticamente impugnada por el Gobierno español.