La independencia genera prisa en el Gobierno catalán. Tanta que los grupos Junts pel Sí y la CUP defienden una ley de desconexión exprés. Por el contrario, la pobreza es un asunto que puede esperar. El próximo 9 de marzo se cumple un año de la celebración del pleno de emergencia social en el Parlamento catalán. Sin embargo, la mayoría de los acuerdos aprobados no se han cumplido.

Tanto las entidades sociales como los partidos de la oposición coinciden en denunciar la falta de interés del Gobierno catalán en aprobar las resoluciones aprobadas en aquel pleno. Ejemplo de ello, dicen, es el hecho de que Comisión de Seguimiento del cumplimiento de esos acuerdos solo se ha reunido dos veces, en mayo y en octubre de 2016.

“Cumplir con esos compromisos no es una prioridad. De las 275 medidas aprobadas, 82 dependen de los Presupuestos de la Generalitat de 2017 que no se han cumplido. Y hay en curso otros 120 que están en estudio”, denuncia a Crónica Global  la presidenta de las Entitades Catalanas de Acción Social (ECAS), Teresa Crespo. Asegura que el Ejecutivo autonómico “solo ha cumplido aquellos acuerdos que estaban incluidos en el programa electoral de Junts pel Sí o bien ya estaban en marcha, como la mejora de las becas comedor, una ley antidesahucios o partidas extraordinarias para escuelas con colectivos vulnerables”.

Respecto a la renta mínima garantizada, una de las propuestas estrella de aquel pleno, “hay buena voluntad, pero esta bloqueada porque la Generalitat negocia con la Renta Garantizada de Ciudadanía con los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular”. Teresa Crespo afirma, algo resignada, que “habrá que esperar a que se aprueben los presupuestos de 2017, o a que haya elecciones o referéndum. O lo que sea”.

Por su parte, la plataforma Pobreza Zero-Justicia Global, formada por 3.200 organizaciones del ámbito de la acción social, advierten de que los presupuestos presentados por el Govern para 2017 “no responden a las necesidades actuales pues, aunque incluyen un incremento de 1.170 millones en gasto social, la inversión se mantiene un 11’4% por debajo a la presupuestada en 2010”. También cuestionan que se haya perdido la oportunidad de aplicar una política fiscal más progresiva, pues “solo se contemplan impuestos ambientales. El grado de progresividad del IRPF en Cataluña es de los más bajos del Estado”.

¿Reuniones o seguimiento?

En la Comisión de Seguimiento de los acuerdos parlamentarios participan el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y la consejera de Presidencia, Neus Munté, así como representantes de otros departamentos de la Generalitat con competencias en esta materia, grupos parlamentarios, Pobresa Zero-Justícia Global, sindicatos y colegios profesionales.

Tanto PSC como Ciudadanos aseguran que el compromiso adquirido en la Cámara catalana era convocar reuniones cada dos meses. Sin embargo, fuentes de la Consejería de Presidencia aseguran que lo que se acordó fue actualizar el seguimiento de las resoluciones cada dos meses. La última actualización data del 20 de enero, por lo que la próxima se hará el próximo 20 de marzo.

"Poca voluntad"

Para el diputado Raul Moreno, responsable de asuntos sociales del PSC, “resulta contradictorio que los partidos que dan apoyo al Gobierno defiendan el Parlamento como institución en determinados asuntos, pero se salten los compromisos adquiridos en aquel pleno”. El socialista denuncia la “poca voluntad” de la Generalitat, pues “uno de cada cuatro acuerdos no se han iniciado”.

Entre los incumplimientos más destacados figura el de la renta mínima garantizada, la acción en barrios, las becas comedor, las ayudas a personas en situación de dependencia o determinados tratamientos sanitarios para menores (audífonos, gafas…). El diputado recuerda que su grupo parlamentario propuso una reforma fiscal que pasaba por quitar presión a las clases medias y aumentarla en las rentas más altas. “Se hubieran logrado entre 600 y 700 millones adicionales”, afirma. Y recuerda que se han aprobado 1.200 enmiendas a los presupuestos. “Si es necesario, que se haga otro Pleno de pobreza”, dice.

La excusa de los Presupuestos no aprobados

La excusa que da el Gobierno catalán a los miembros de la Comisión de Seguimiento para no avanzar más en el incumplimiento de aquellas medidas es el hecho de que los Presupuestos de la Generalitat de 2017 no se han aprobado todavía, por lo que no se han ejecutar las partidas destinadas a determinadas cuestiones. Sin embargo, para la diputada de Ciudadanos, Noemí de la Calle, “la ley de finanzas permite modificar las partidas ya existentes y destinarlas a esas medidas. Es evidente la falta de sensibilidad social de este Gobierno, que dedica las migajas a la pobreza mientras financia su acción exterior, sus altos sueldos y su proyecto independentista”.

La representante de la formación naranja califica de “tomadura de pelo” los informes de seguimiento que emite la Generalitat, pues “aseguran que la mayoría de las medidas ya se están aplicando, pero profundizas, leen que están ‘en curso’”. Afirma que no se han acortado las listas de espera en el sistema sanitario o en los geriátricos, y que “los quirófanos siguen sin abrir por las tardes, tal como nosotros propusimos”.

Respecto a la renta mínima garantizada, recuerda que toda la oposición, incluso la CUP, está a favor de un acuerdo, pero la ponencia parlamentaria “está bloqueada debido a la negativa del Gobierno catalán a conceder esa ayuda a personas que trabajan a tiempo parcial, en su mayoría mujeres. De forma que trabajadoras que cobran unos 200 euros al mes no pueden acceder a esa renta, que además incluye programas de inserción laboral”.