El caos en el Gobierno de Puigdemont bloquea la lucha contra la pobreza

“No es tolerable. Estamos muy desanimados”. Así de contundente se muestra la portavoz de Pobresa Zero y decana del Colegio de Trabajo Social de Cataluña, Núria Carrera, respecto al bloqueo de las medidas contra la pobreza aprobadas en marzo en el Pleno de Emergencia Social celebrado en el Parlamento catalán. Siete meses después de esa sesión, apenas se han producido avances. La excusa del Gobierno autonómico es, de nuevo, la falta de nuevos presupuestos. Pero Carrera afirma que hay compromisos que se podrían haber cumplido y que, además, son prioritarios, como garantizar unos ingresos mínimos a toda la población. Detrás de ese bloqueo está la falta de coordinación entre los diferentes departamentos y las discrepancias sobre fiscalidad entre CDC y ERC, que gobiernan juntas. “Pues que se pongan de acuerdo”, exclama Carrera.

El pasado día 21 se reunió la comisión de seguimiento del Pleno de emergencia social, en el que participan el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras y la consejera de Presidencia, Neus Munté, así como representantes de otros departamentos de la Generalitat con competencias en esta materia, grupos parlamentarios, Pobresa Zero-Justícia Global, sindicatos y colegios profesionales.

Las valoraciones de la plataforma Pobresa Zero-Justícia Global sobre el desarrollo de esa reunión son contundentes. Entienden que son necesarios unos nuevos presupuestos de la Generalitat pues “en la situación de emergencia en la que nos encontramos, no tenerlos es un escollo importante”. Entienden que “resulta difícil evaluar el grado de cumplimiento de las medidas de la resolución pues “habría que establecer indicadores y asignar partidas específicas a las diferentes medidas para hacer un seguimiento riguroso. Falta rendición de cuentas por parte del Departamento de Economía”.

Descoordinación

Esta plataforma denuncia que el documento de seguimiento “carece de cierto hilo conductor que de coherencia al relato de la evolución. Se hace patente la intervención de diferentes departamentos sin una articulación integral”. Para Pobresa Zero-Justícia Global, “son prioritarias las actuaciones para garantizar unos ingresos mínimos a toda la población: reforma de la renta mínima de inserción en el sentido de ampliar la cobertura y garantizarla como derecho subjetivo y/o renta garantizada de ciudadanía”. En el terreno de la fiscalidad “el Govern tiene cierto poder tributario (limitado, pero tiene). Es necesario que lo utilice para hacer políticas redistributivas que contribuyan a reducir las desigualdades a través de, por ejemplo: progresividad del IRPF, recuperación del impuesto de sucesiones  y supresión de los beneficios fiscales no justificados, entre otros”. En políticas migratorias, reclaman prioridad para el empadronamiento de todas las personas inmigradas y la supresión de las tasas para los informes de arraigo.

Núria Carrera admite que “estamos desanimados. Se celebró un pleno extraordinario, no un pleno cualquiera, y se aprobaron una serie de medidas. Pero se ha hecho muy poco”.