La improvisación y chapuza jurídica de la independencia exprés

Un papel mal escrito para romper con España. Así es la propuesta legal que Junts pel Sí (CDC y ERC) prepara para aprobar una ley de desconexión exprés. Y así la han definido técnicos del Parlamento catalán que no esconden su sorpresa ante la improvisación demostrada por la coalición independentista a la hora de tramitar una ley que se presume básica: la de desconexión.

Una ley que la coalición secesionista guardó bajo siete llaves para evitar una prematura impugnación del Estado. Soslayar la respuesta del Gobierno español y del Tribunal Constitucional (TC) es precisamente el motivo que ha llevado a Junts pel Sí --que cuenta con el apoyo de la CUP-- a proponer la aprobación exprés de esa ley de desconexión. Es decir, mediante lectura única y una sola votación en el Parlamento catalán, lo que acorta los trámites e impide el debate político. Sin comisiones, ni comparecencias de expertos ni enmiendas… Incluso en la petición de un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias --órgano catalán encargado de velar por ajuste de las normas al Estatuto y la Constitución-- se reducen los plazos a una semana.

Cambiar el reglamento

Sin embargo, y ahí está el primer error de bulto de los secesionistas, no es tan fácil utilizar esa vía de urgencia y Junts pel Sí se ha enredado con sus propios subterfugios jurídicos planteando una reforma del Reglamento de la Cámara catalana para llevar a cabo esa aprobación exprés.

Junts pel Sí propuso ayer en la Mesa del Parlamento catalán su idea de presentar seis enmiendas al reglamento mediante una proposición de ley. Y poco más. “La propuesta está mal escrita, no se pueden presentar enmiendas si no hay un procedimiento abierto. El reglamento parlamentario ya se reformó recientemente”, explica un asesor de la Cámara autonómica. Más allá de algunas mejoras de carácter práctico del funcionamiento de las comisiones parlamentarias, lo que realmente pretende hacer JxSí es reformar el reglamento para que las proposiciones de ley puedan aprobarse mediante lectura única solo con la petición de un grupo parlamentario. Actualmente, según la normativa, es necesario que todos los grupos del hemiciclo firmen ese acuerdo. PP, PSC, Ciudadanos y CSQP ya han advertido que rechazan esa vía unilateral que debe concluir en septiembre en un referéndum.

Admisión condicionada

Durante la reunión de la Mesa se hizo ver a  la coalición secesionista que la reforma del reglamento del Parlament se debe realizar mediante una ponencia conjunta algo que no había calibrado Junts pel Sí, que ha tenido que envainarse su propuesta a la espera de mejorarla. Por su parte, la Mesa ha admitido de forma condicionada la propuesta de reforma del reglamento hasta la semana próxima.

PP, Ciudadanos, PSC y CSQP ya han advertido de que no están de acuerdo ni en la forma ni en el fondo con esa vía de urgencia, lo que anticipa un plante a esa ponencia conjunta. Y hay precedentes respecto a la imposibilidad de que ese procedimiento se lleve a cabo sin una mayoría de los grupos parlamentarios. El Tribunal Constitucional estableció el verano pasado de que las tres ponencias conjuntas relativas a las leyes de desconexión –transitoriedad, hacienda catalana y Seguridad Social— no podían prosperar únicamente con el apoyo de dos grupos, Junts pel Sí y la CUP. 

No obstante, las mismas fuentes jurídicas cuestionan la estrategia de los grupos de oposición, pues “podrían aprovechar esa reforma del reglamento parlamentario para regular aspectos no contemplados”. Por ejemplo, las actuales normas no prevén el procedimiento a seguir en el supuesto de que la presidenta del Parlamento catalán sea inhabilitada –ayer mismo se le notificó la admisión a trámite de la nueva querella por la tramitación de las leyes del procés--. Y aunque sí se prevé un mecanismo de censura del presidente del Gobierno, no lo hay para la presidenta de la Cámara.