El adelanto electoral catalán, pendiente del juicio sobre el 'caso Palau'

Comienza una semana decisiva en el juicio sobre el expolio del Palau de la Música. Y no solo por el interés mediático que despiertan los principales acusados, defraudadores confesos, sino por las posibles revelaciones que éstos hagan respecto a la supuesta financiación irregular de CDC.

Jordi Montull, uno de los pícaros burgueses de esta trama de engaños y estafas, está negociando peticiones de condenas más leves a cambio de tirar de la manta. Fèlix Millet, en cambio, ha decidido no incriminar a CDC, según la hermana del expresidente del Palau de la Música Catalana, Pat Millet. Necesitan pruebas, pues no es fácil demostrar la connivencia de la cúpula de la antigua Convergència, encabezada por Artur Mas, en este presunto caso de corrupción.

La posibilidad de que, en los próximos días, surjan evidencias sorpresa o declaraciones incendiarias han puesto en alerta a PDECat, por supuesto, aunque también a ERC y CUP, hasta ahora exentas de escándalos relacionados con la corrupción. Si se apuntalan las pruebas sobre el aprovechamiento ilícito de los convergentes, ambas formaciones independentistas deberían replantearse su apoyo al Gobierno catalán.

La punta del iceberg

Hasta ahora, PDECat ha podido tapar sus líos judiciales con la bandera independentista, pues tanto Artur Mas como Francesc Homs han sacado rendimiento patriótico de la consulta del 9N. Otra cosa es la punta del iceberg que en el caso Palau pueda asomar en materia de financiación irregular, a la que se añaden las revelaciones incriminatorias del caso 3% que nació en Torredembarra (Tarragona), aún en fase de instrucción.

Oriol Junqueras, en estado de gracia, no se puede permitir gobernar con una formación acusada de convertir las mordidas en un modus operandi. Al líder de ERC, lo saben los dirigentes de su partido, le puede pasar más factura el compadreo con las ilegalidades de CDC --la órbita podemita está al acecho-- que la frustración del proceso secesionista.

Un nuevo frente de separación

El revés recibido por los Presupuestos que hablan del referéndum, y por tanto son inconstitucionales, según el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), acerca todavía más a los partidos políticos catalanes a un adelanto electoral que en realidad todos desean, aunque no les convenga. Tal es el atolladero en que se ha metido la política catalana. Tanto PP, PSC como Ciudadanos ya dan por concluida la legislatura.

PDECat ha hecho otra filigrana dialéctica con el pronunciamiento para presentarlo como un aval a su política. La CUP le ha tomado la palabra y exige que no sea retirada la mención al referéndum --la que no cabe ni en la Constitución ni en el Estatut, a juicio del CGE--, lo que supone un nuevo frente interno para los socios de gobierno.

Josep Rull, consejero de Territorio, ya ha contestado a los cupaires que hay que cuidar las formas; que su partido dice lo que dice, pero que hay hacer caso a los juristas y retirar la alusión al referéndum. Aunque después añade que no darán "ni un paso atrás ni un paso en falso" y que habrá consulta.

Convocar, que no celebrar, el referéndum

En realidad, el adelanto electoral consistirá en pocas semanas, pues esta legislatura excepcional acaba en 18 meses. La gran incógnita es si habrá o no referéndum. “Una cosa es que se convoque y otra que se celebre”, dicen algunas fuentes secesionistas. “Rajoy ha dicho, y es importante el matiz, que no permitirá que se celebre un referéndum que conduzca a Cataluña a la independencia”, explican fuentes del PP, en alusión a la repetición de un nuevo 9N sin valor ni legitimidad.

El presidente Carles Puigdemont está dispuesto a firmar lo que sea, pues quiere desertar de la carrera presidencial, y arrastrará a Junqueras. Y por mucho atajo exprés que se pretenda, lo cierto es que las leyes que deben ser aprobadas para organizar el referéndum y preparar la desconexión serán impugnadas por el Gobierno español, que tiene bien aprendida la lección tras los posibles fallos del 9N.

Como aseguraba el presidente de una plataforma empresarial española, es el momento de buscar una salida al procés, la solución ya vendrá después. Y la salida, coinciden la mayoría de los partidos catalanes, incluidos los secesionistas, es convocar elecciones. Aunque el corazón diga otra cosa, la razón ya apunta a la precampaña.

Artur Mas está en ello desde que Puigdemont dijo que no se presentaría a la reelección. Junqueras se presenta ante esa sociedad civil ávida de cambios como el garante de que Cataluña no pase de Herodes a Pilatos, es decir, del secesionismo más agrio al modelo antisistema de la izquierda alternativa. Y la CUP sigue a lo suyo, proponiendo la desobediencia a las leyes, sublevando a los convergentes y acentuando la imagen de moderación del líder de ERC.