Homs: "Si poner las urnas es echar un pulso al Estado, yo no quiero ser de este Estado"

El exconsejero de la Presidencia y diputado del PDECat Francesc Homs ha dicho en su alegato final ante el Tribunal Supremo (TS), que le juzga por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) el 9N, que seguirá promoviendo el derecho a decidir y ha advertido a los magistrados que su sentencia tendrá efectos "que marcarán las relaciones del Estado español y Cataluña".

"Me siento en la necesidad de decirles que tomen la decisión que tomen ustedes, sepan que para nada modificarán mi conducta desde el punto de vista de promover el derecho a decidir de Cataluña", ha señalado Homs antes de recordar que éste será el año del referéndum.

El acusado ha cerrado el proceso señalando que "se nos ha dicho que hemos echado un pulso al Estado. Si poner las urnas es echar un pulso al Estado, yo no quiero ser de este Estado. Lo que hicimos fue defender la dignidad del pueblo de Cataluña", pero "creo que en este juicio se confunde derecho y política".

La defensa argumenta que no fue advertido

El fiscal ha elevado a definitivo su petición de nueve años de inhabilitación por incurrir en los delitos de prevaricación y desobediencia grave al TC el 9N. Mientras que la defensa, que ha pedido la absolución, ha defendido por su lado que el TC nunca quiso que la prohibición del proceso condujera a un juicio penal.

El debate se ha centrado en gran medida en si el TC apercibió a Homs de un posible delito de desobediencia, porque cabe interpretar que para que se condene a un ciudadano por este tipo penal, antes debe ser advertido personalmente por la autoridad. El Gobierno le pidió que lo hiciera así al TC, pero éste no hizo nunca un apercibimiento personal.

Para el ministerio público la prohibición del Constitucional "no se quiso entender" y decir lo contrario "es un pretexto". "No tenían competencia, y lo sabían", ha señalado: "hubo un mandato y fue expreso. Y ese mandato fue notificado, porque la providencia fue remitida vía mail y el Govern la conoció el mismo día 4 de noviembre", ha señalado el fiscal.

"No hubo apercibimiento de incurrir en delito y podía haberse hecho", ha reconocido, pero ha añadido que ello "no es esencial, porque no lo exige el tipo penal. Hubo voluntad de incumplir".

"Homs no es un delincuente"

Todo lo contrario de lo defendido por la abogada de Homs que, como él, ha mantenido una línea contraria a la interpretación de un asunto político desde el derecho penal: "pido que no se considere al señor Homs un delincuente, porque no lo es".

"El Tribunal Constitucional no deseaba que esto terminara en un proceso penal, porque si así hubiera sido, hubiera acudido a los requisitos del tipo penal de desobediencia, que no se cumplieron", ha dicho la letrada en su alegato final.

"Cuando el TC no contestó a la petición del abogado del Estado de que debía advertir" a los miembros del Govern "de las consecuencias penales de la celebración del 9N, expresó su opinión de que no deseaba acudir a la vía penal. No fue un olvido, como destacó la junta de fiscales de Cataluña", ha añadido la abogada.

"Es muy excepcional que una Junta de Fiscales diga que algo no es delito y que llegue una orden de Madrid para que se presente querella. Si esto no es política, qué lo será".

"Un correo electrónico no puede hacerse equivaler a un requerimiento personal", que es lo que exige el Código Penal para el delito de desobediencia, ha dicho también.

"Abuso de poder"

En cuanto al delito de prevaricación, ambos han defendido igualmente sus posiciones: tomaron una decisión administrativa arbitraria a sabiendas, según el fiscal. Y la prohibición no era fácil de interpretar y, de hecho, pidieron una aclaración que demuestra que querían cumplir, según la defensa.

Para el ministerio público, lo que hizo la Generalitat y, en concreto, Homs, fue "convertir su voluntad en ley", cometer "un abuso de poder", porque "la piedra angular de la democracia es la sumisión de los poderes públicos, precisamente, a la ley".

Antes de que llegara la fase final del juicio dos agentes de la Guardia Civil especialistas en investigación de delitos informáticos que hicieron un informe pericial sobre los desarrollos informáticos para la jornada del 9N han comparecido a petición del fiscal para ratificar ese documento.

La abogada ha rebatido su testimonio diciendo que se ha roto la cadena de custodia de la prueba, los sistemas informáticos que ellos examinaron.