Los abogados que usen el catalán ante los tribunales cobrarán más

El mundo judicial es uno de los escasos ámbitos que permanecen impermeables a las políticas lingüísticas de la Generalitat. Para tratar de revertir la situación, su Consejo Ejecutivo aprobó el viernes pasado una nueva medida: pagar 14 euros adicionales a los abogados de oficio que presenten sus escritos en catalán. La prueba piloto, fruto de un convenio con el Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC), se desplegará a lo largo de este año y contará con un presupuesto total de 915.000 euros.

El Govern justificó la iniciativa recordando que en 2015 solo un 8,5% de las sentencias judiciales se dictó en catalán, circunstancia que fue calificada por el consejero de justicia, Carles Mundó, de "emergencia" lingüística. Para atajarla, el Ejecutivo catalán ha creado la citada bonificación, destinada a incrementar la presencia del catalán en las demandas, recursos, apelaciones y notificaciones judiciales.

El catalán como requisito

Así, los letrados de oficio que deseen cobrar la retribución adicional deberán escribir en catalán cualquier documento jurídico que cumplimenten, así como informar a sus clientes de su derecho a expresarse en esta lengua. Y es que el departamento de Justicia hizo hincapié en que, actualmente, el catalán es "sólo un mérito y no un requisito para trabajar en la administración de Justicia", realidad que exigen cambiar.

Este último extremo lo suscribe también el CICAC, entidad con la que el Gobierno catalán ha alcanzado el acuerdo y que, consecuentemente, lo valora de forma positiva. El consejo, que agrupa a los 14 colegios de abogados de Cataluña, destaca que pondrá a disposición de los letrados "todas las herramientas necesarias" para facilitar la redacción en catalán de las notas judiciales. En este sentido, subraya que el organismo ya cuenta con un servicio lingüístico para fomentar la lengua catalana en los juzgados, que "ahora se verá potenciado".

Contra las libertades individuales

La complacencia del CICAC con la iniciativa no extraña a la abogada Sonia Reina, que recuerda que, recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la adhesión de este organismo al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. El TSCJ basó su decisión en que los colegios profesionales deben mantener su neutralidad ideológica. Parecidos argumentos esgrime Reina para criticar los incentivos económicos del Govern en esta materia, ya que, a su juicio, "lesionan las libertades individuales" al forzar la lengua en la que "cada uno elige expresarse".

Asimismo, la jurista estima grave que, tras reducirse en un 60% desde 2010 la cuantía que cobran los abogados de oficio por actuación, se instaure ahora esta complemento: "Una vez más, no hay dinero para mejorar la Justicia pero sí para cuestiones lingüísticas". Por último, la letrada considera "inquietante" que, gracias al registro en el que deberá inscribirse el trabajador para percibir la bonificación, la Generalitat pueda configurar una lista de profesionales "ideológicamente afines".