Cataluña organiza la logística de su independencia fiscal

El acelerón a la Hacienda catalana, una de las “estructuras de Estado” que la Generalitat concibe como antesala de la independencia, se ha hecho extensivo a su ámbito logístico. El Gobierno catalán pretende que, en un plazo máximo de dos meses, sean trasladados los casi 80.000 archivadores y 975 contenedores con documentación fiscal pertenecientes a los servicios centrales y la delegación territorial de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) en Barcelona, cuya sede se trasladó recientemente a la Zona Franca. Asimismo, también está prevista la mudanza de los 8.500 archivadores de la delegación de Tarragona y los 4.000 archivadores de la delegación de Girona.

La ATC ha adjudicado a la empresa MDA Archivos, SL la recogida, traslado, custodia, consulta y destrucción de documentación durante el tiempo que dure el contrato, es decir, entre enero de 2017 y diciembre de 2018, aunque se podrá prorrogar dos años más. El presupuesto destinado a ello se eleva a 723.963 euros.

3.000 cajas de archivo diarias

El servicio no incluye el traslado de la documentación existente ya en custodia externa –éste será realizado por otra empresa--, pero sí la recepción de la misma, así como su posterior identificación y colocación de las cajas en sus depósitos.

La Generalitat ya advierte en el pliego de condiciones técnicas de que el ritmo de recepción de la documentación por parte de la empresa adjudicataria no será inferior a 3.000 cajas de archivo diarias. Y que la consulta y acceso a la documentación debe ser viable mientras duren las tareas de recogida, transporte e instalación de la misma.

En este sentido, la Consejería de Economía de la Generalitat, dirigida por Oriol Junqueras, calcula que, durante 2017, solo en la sede de Zona Franca se generará documentación para llenar 2.000 archivadores, cifra que en 2018 alcanzará los 8.000 volúmenes. Como se sabe, la Generalitat aspira a ir ampliando su capacidad de gestión tributaria hasta alcanzar la independencia fiscal. De hecho, una de las tres leyes de desconexión que el Gobierno catalán pretende aprobar antes de este verano corresponde a la Hacienda catalana.

Los presupuestos de la Generalitat para 2017 destinan 93,3 millones de euros a desarrollar la Hacienda catalana, es decir, 57,4 millones más que en 2015. El objetivo es avanzar en esta “estructura de Estado”, con la incorporación de 459 personas para llegar a 903, y la creación de 19 oficinas propias en todo el territorio.