Saénz de Santamaría para los pies a Colau con el cierre del CIE

El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) se ha convertido en un factor de conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno en funciones. Este viernes, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de que no tiene competencias para cerrar el centro.

"Al Ayuntamiento de Barcelona le corresponden unas competencias en la ordenación municipal de apertura y mantenimiento de determinadas instalaciones, pero no le corresponde la competencia de decidir cómo se gestiona o no la política de inmigración de este país", ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La vicepresidenta se remitía al incidente del pasado jueves, cuando el consistorio municipal el CIE cerró durante algunas horas hasta que un juez dictaminó su reapertura. En este sentido, Saénz de Santamaría ha recordado a la alcadesa que "puede tener la política de discursos que crea conveniente" y "decir todo lo que quiera", pero que, aún así, seguirá sin tener "más competencias que las que le corresponde a un ayuntamiento".

“Medida excepcional”

Ante la impopularidad que suscitan estos centros, la dirigente popular ha defendido que su existencia y funcionamiento viene enmarcado en el Derecho de la UE y el ordenamiento español y ha indicado que, en todo caso, es una medida "excepcional" que depende siempre de que así lo dictamine un juez competente "de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido y siempre con un mínimo imprescindible" y con la supervisión del ministerio fiscal.

Precisamente, desde Crónica Global se informaba este viernes de la situación que vive la policía autonómica en el centro, expuesta a las agresiones de los internos que, estando en situación irregular, no quieren abandonar el país una vez cumplido el tiempo máximo de estancia en el CIE.

La vicepresidenta, no obstante, ha insistido en que el ayuntamiento debe respetar “la normativa y el entorno en el que se lleva a cabo la política de inmigración" para con las personas que se encuentran en una situación de "estancia irregular" y "de la que procede su expulsión".