Forcadell convoca antes el pleno de la moción rupturista que el de la investidura

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha convocado un pleno de la cámara que debe debatir y votar la propuesta rupturista de JxSí y la CUP el lunes por la mañana. Esta propuesta de resolución tiene garantizada su aprobación, ya que la suma de ambas formación supera la mayoría absoluta de la Cámara.

Por la tarde se celebrará otra sesión en la que los diputados se pronunciarán sobre la candidatura de Artur Mas a la presidencia de la Generalitat, la única que se ha presentado. Así lo ha decidido Forcadell tras haber culminado este viernes su ronda de contactos con los partidos para saber sus propuestas de cara al pleno de investidura.

Primer aniversario del 9N

En un breve discurso desde su despacho en la Cámara, ha anunciado que el segundo pleno se iniciará a las cinco de la tarde del lunes 9 de noviembre, primer aniversario del proceso participativo sobre la independencia de Cataluña.

En la ronda de contactos que ha mantenido con los grupos ha quedado constatado que Mas no tiene los apoyos para ser elegido en primera vuelta, ya que solo tiene garantizados los votos de JxSí: 62 escaños, a 6 de la mayoría absoluta, de 68.

El resto de la oposición, incluida la CUP, ha insistido en que no tiene ninguna intención de apoyar a Mas ni en la primera ni en las sucesivas votaciones, mientras que JxSí ha declarado que no tiene ninguna intención de proponer un candidato alternativo a Mas, lo que bloquea la situación.

Iniciativa endurecida

Por otra parte, JxSí y la CUP han registrado en el Parlament este viernes una ampliación de su resolución independentista, para "blindar los derechos fundamentales de las personas" frente a eventuales impugnaciones del Tribunal Constitucional (TC) a leyes catalanas.

El anexo que han registrado desarrolla el punto 8 de la resolución, que es el que insta al futuro Govern a cumplir exclusivamente las normas que emanan de la Cámara catalana y que "puedan verse afectadas por decisiones del Estado español".

Así, el texto recoge que el futuro Govern deberá garantizar derechos de vivienda, sanidad y educación, entre otros, aunque el Estado pueda impugnar normas en este ámbito, como el decreto de pobreza de la Generalitat que el Gobierno central llevó al TC hace meses y que está suspendido.