Cataluña sigue sin ley electoral propia

El enésimo culebrón de la ley electoral catalana se ha vuelto a cerrar en falso. La ponencia del Parlamento autonómico que trabajaba en una normativa electoral ha celebrado este martes su última reunión sin que los partidos hayan podido llegar a un acuerdo. Por tanto, el proyecto de ley que elaboraban no llegará al último pleno de la legislatura, previsto para el 22 de julio. Y como los proyectos de ley decaen al disolverse la Cámara, Cataluña seguirá sin ley electoral propia.

El desacuerdo ha venido por el núcleo de la ley, el sistema electoral. Es decir, la forma de traducir los votos en escaños. Este punto ha separado a los partidos desde el inicio de los trabajos de la ponencia -o incluso desde antes-. Por intereses electorales obvios.

Intereses contrapuestos

A CiU y ERC les beneficia a priori un sistema que prime la representatividad del territorio por delante de la proporcionalidad. Todo lo contrario que a PSC, PP, ICV-EUiA y C's, que concentran sus votos sobre todo en el área metropolitana de Barcelona, y que proponían modelos electorales en los que predomine la proporcionalidad.

Además, las leyes electorales deben aprobarse por mayoría cualificada de dos tercios del Parlamento autonómico (90 de los 135 diputados). Por tanto, los 71 escaños conjuntos de CiU y ERC no daban una mayoría suficiente. Y ni siquiera el concurso de los tres parlamentarios de la CUP o de la diputada no adscrita Marina Geli (ex PSC) era suficiente.

Esta disparidad de criterios sobre el sistema electoral es la que ha hecho que Cataluña sea la única CCAA sin ley propia. Cataluña se rige por la Ley Electoral General, de acuerdo a una disposición transitoria del Estatuto de 1979 -prorrogada en el de 2006- que, en principio, debía regular únicamente las elecciones autonómicas de 1980.

El fallido intento de 2010

En el pasado ya ha habido diversos intentos de los partidos catalanes por elaborar una ley electoral. Y siempre han resultado fallidos. El más destacado fue el teórico consenso de 2010, durante el segundo tripartito. Entonces, una propuesta de expertos externos a los partidos -pero designados por estos- murió sin acuerdo, después de haber cosechado, primero, el escepticismo del PSC, y después, el bloqueo de CiU. La inciiativa la lideró el entonces consejero de Gobernación y ahora condenado por contrabando de tabaco, Jordi Ausàs.

Inmediatamente después de fracasar esa propuesta llegó al Parlamento autonómico una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para elaborar una ley electoral. Pero esta los partidos mantuvieron hibernada esta ILP cinco años, de forma que no llegó al Pleno hasta febrero de este año, ya con el 27S y la disolución de la Cámara en el horizonte.

Desde entonces, los partidos han acelerado los trabajos con la idea de cerrar la nueva ley antes del final de la legislatura. Especialmente por parte del bloque soberanista. Entre otras razones, porque de esta forma el 27S podría celebrarse con la supervisión de una Sindicatura Electoral catalana, que supervisaría los comicios ejerciendo el papel que ahora tiene la Junta Electoral Central.