Denuncian a los concejales que juraron su cargo por la secesión en 25 ayuntamientos

Las tomas de posesión de un buen número de concejales nacionalistas prometiendo su cargo por la independencia de Cataluña podrían ser anuladas por suponer una fórmula de juramento inválida.

Así lo exige Ciudadanos (C’s), cuyo diputado autonómico Carlos Carrizosa -en nombre del partido- ha presentado este martes un escrito ante la Delegación del Gobierno en Cataluña para denunciar que en al menos 25 ayuntamientos catalanes donde tienen representación hubo ediles que utilizaron un texto que podría “implicar un fraude de Ley o desnaturalización o vaciamiento del contenido del juramento o promesa necesarios para la toma de posesión”.

C’s espera que el Gobierno active su maquinaria jurídica y obligue a repetir esos juramentos o, en caso de que se nieguen, pierdan su acta de concejal.

"A disposición" de Mas para "proclamar el Estado catalán, libre y soberano"

La insólita situación se originó en una campaña promovida por la Associació de Municipis per la Independència (AMI), que instó a los concejales electos a prometer su cargo con las siguientes palabras:

“Por expresión democrática de la voluntad ciudadana, anuncio que quedo a disposición del nuevo Parlamento [autonómico], del presidente y del Gobierno de la Generalidad de Cataluña que surjan de las elecciones del 27 de septiembre de 2015, para ejercer la autodeterminación de nuestro pueblo y proclamar, junto con todas nuestras instituciones, el Estado catalán, libre y soberano".

La Junta Electoral advirtió de que es una fórmula de juramento ilegal

Ante la duda que este procedimiento generaba, el secretario del Ayuntamiento de Falset (Tarragona) elevó una consulta a la Junta Electoral Central (JEC), y su respuesta fue contundente.

La máxima autoridad judicial electoral advirtió en un acuerdo fechado el 24 de mayo de que la fórmula de propuesta por la AMI es ilegal y que los cargos electos municipales han de jurar o prometer "acatamiento a la Constitución" sin añadir expresiones que desvirtúen ese acatamiento.

No se puede usar expresiones que desnaturalicen el acatamiento a la Constitución

La JEC señaló que, según el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) y tal y como ha reiterado el Tribunal Constitucional en sus sentencias 119/1990 y 74/1991, "para tener por cumplido el requisito legal de prestación de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución no bastaría solo con emplear la fórmula ritual, sino emplearla, además, sin acompañarla de cláusulas o expresiones que de una u otra forma, vacíen, limiten o condicionen su sentido propio, sea cual fuese la justificación invocada para ello".

En todo caso, sí aceptó que, como mucho, se añadiera la expresión "por imperativo legal" en la fórmula de juramento, pero insistió en que no es válida una expresión que "implique fraude de ley o desnaturalización o vaciamiento del contenido del juramento o promesa" de acatamiento de la Constitución.

Por todo ello, concluyó que la fórmula planteada por la AMI "no debe entenderse como válida a efectos del cumplimiento del requisito legal establecido en el artículo 108.8 de la LOREG, porque las expresiones empleadas desnaturalizan el cumplimiento del requisito impuesto por el citado artículo, en la medida en que vacían de contenido el compromiso inequívoco de respeto a la Constitución".

El Gobierno ya está actuando

Los 25 ayuntamientos en los que C's ha detectado este incumplimiento son Sant Adrià de Besós, Badalona, El Vendrell, Cerdanyola, Lérida, Calafell, Montgat, Tarragona, Sabadell, Reus, Tarrasa, Montornés del Vallés, Gavà, Gerona, Castell-Platja d'Aro, S'Agarò, Premià de Mar, Vilassar de Mar, Sant Just d'Esvern, Vilanova i La Geltrú, Esparreguera, Molins de Rei, Pallejà, Sant Boi y Sitges. En muchos de ellos, la formación ‘naranja’ solicitó que constara en el acta del pleno municipal el texto literal que se utilizó en el juramento.

C's ha criticado la “actitud pasiva” del Gobierno ante esta situación. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas han asegurado a CRÓNICA GLOBAL que la Abogacía del Estado ya está estudiando todos los casos para actuar en consecuencia, aunque han reconocido que se trata de un procedimiento lento.