La futura Ley de Seguridad Nacional también molesta a la Generalidad

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional que ha presentado este viernes el Gobierno ha generado malestar en la Generalidad. El texto, según ha explicado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, otorgará al Ejecutivo la posibilidad de movilizar medios privados o públicos -de las diferentes administraciones- para poder hacer frente a "situaciones de crisis" causadas por los "riesgos y amenazas de carácter transversal propios de nuestros días" y puedan "golpear los cimientos del Estado de derecho y poner en riesgo la libertad y el bienestar de los ciudadanos". Por ejemplo, aquellos relativos a "ciberseguridad, terrorismo, catástrofes naturales y vulnerabilidad energética".

La "declaración de la situación de interés para la seguridad nacional" -que es como se calificaría a ese tipo de crisis- será competencia exclusiva del presidente del Gobierno y, entre otras posibilidades, otorgaría al Ejecutivo la potestad para requerir la colaboración de las policías autonómicas.

La Generalidad pone pegas

Como era previsible, la Generalidad no ha tardado en reaccionar de forma negativa. El consejero de Interior, Ramon Espalader, ha señalado que los Mossos d'Esquadra están dispuestos a "cooperar y coordinarse" con otros cuerpos de seguridad para hacer frente a situaciones de emergencia, pero ha considerado que la nueva ley podría ser una excusa para "laminar y sustraer competencias" al Gobierno autonómico en estas materias, y ya ha anunciado que se opondrán a ello.

Sin embargo, la propia Sáenz de Santamaría había precisado anteriormente que la normativa, no solo no supondrá ninguna suspensión de "derechos fundamentales" o "libertades públicas" -"para eso están los estados de alarma, excepción y sitio"-, sino que no recuperará para la Administración General del Estado ninguna competencia de otras administraciones.

No hace falta una ley para intervenir, está el artículo 155 de la Constitución

Preguntada sobre las policías autonómicas, la vicepresidenta ha insistido en que la ley no pretende atribuir al Gobierno "el mando de nada, sino poner todos los instrumentos disponibles "a disposición" para hacer frente a una situación de emergencia.

De hecho, ha ironizado sobre las insinuaciones de algunos periodistas. "Otras cuestiones son objeto de otros artículos de la Constitución en los que no entra la ley", en referencia al artículo 155 de la Carta Magna, que prevé obligar a un Gobierno autonómico al "cumplimiento forzoso" de las leyes o de las medias necesarias para proteger el interés general.