Anticorrupción pide siete años de cárcel y multas multimillonarias para Prenafeta, Alavedra y Muñoz por el 'caso Pretoria'

La Fiscalía Anticorrupción solicita multas millonarias y penas de prisión de casi siete años de cárcel para los ex altos cargos de gobiernos autonómicos de Jordi Pujol Lluis Prenafeta y Macià Alavedra, y para el ex alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet Bartomeu Muñoz, por su implicación en la trama de corrupción urbanística 'Pretoria'.

En concreto, la Fiscalía pide una pena de seis años y diez meses de prisión para Prenafeta y Alavedra por tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Además, para Prenafeta solicita una multa de 13,7 millones de euros y el decomiso de la ganancias ilícitas obtenidas, calculadas en 5,8 millones. Para Alavedra pide una multa de 10,3 millones de euros y el decomiso de 3,2 millones adicionales.

La trama corrupta operó durante una década

Por otra parte, Anticorrupción pide para Muñoz seis años y diez meses de prisión, una multa de 4,1 millones de euros y el decomiso de 1,1 millones y una vivienda de Barcelona. Se le acusa de soborno. El ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma de Gramanet Manuel Dobarco se enfrenta a un año de cárcel y una multa de 4,1 millones de euros. Mientras que el ex diputado autonómico socialista Luis García, 'Luigi', presunto líder del grupo, se enfrenta a ocho años de cárcel, una multa de 22,6 millones de euros y el decomiso de otros 5,8 millones de forma solidaria con cinco empresas.

Los cinco acusados fueron detenidos, junto a otras cuatro personas, en una operación policial ejecutada el 27 de octubre de 2009. El denominado 'caso Pretoria' hacía referencia a la corrupción urbanística que operó entre los años 2000 y 2009 en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.

Recalificaban terrenos para venderlos y cobrar una comisión ilegal

Según recogía el auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz hecho público hace diez días, ha quedado "indiciariamente acreditada" la existencia de una trama dirigida a "la realización de labores de intermediación o influencia en adjudicaciones públicas vinculadas a diversas operaciones urbanísticas desarrolladas en el ámbito municipal" de Barcelona que habría operado bajo la "intervención principal" de 'Luigi'.

Su labor se centraba en conseguir adjudicaciones de terrenos en los tres municipios barceloneses citados, tras lo que se modificaba el titular de la adjudicación, se recalificaban los terrenos y se vendían a un precio superior. A cambio de estas operaciones, los mediadores recibían "cuantiosas" comisiones ilegales que trataban de ocultar mediante la utilización de complejos entramados societarios y financieros.