Todo lo que se esconde tras el supuesto espionaje al PP de Santa Susanna

La investigación por un supuesto espionaje informático que ha obligado al alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, a declarar por presunta revelación de secretos es solo la punta del iceberg de una serie de causas cruzadas, paralelas y concatenadas que involucran al propio alcalde y a un cabo de la policía local. 

Un primer expediente disciplinario contra el cabo, la posterior denuncia por revelación de secretos contra el alcalde y otras causas abiertas dibujan un escenario de judicialización y agitación creciente en la vida política, administrativa y social de este ayuntamiento del Maresme.

El origen 

El origen de todo este embrollo más reciente se sitúa en el verano de 2023.

Por circunstancias que ahora se investigan como presunta revelación de secretos, el agente interino Juan Carlos T. descubrió una serie de presuntas irregularidades cometidas por el cabo Rafael Torres, entonces responsable de la oficina de denuncias.

A partir de ese escrito, el ayuntamiento abrió una información reservada interna y, meses después, el 19 de diciembre de 2023, formalizó una denuncia ante los juzgados de Arenys de Mar.

Facha del Ayuntamiento de Santa Susanna (Barcelona)

En dicho oficio, se atribuía al cabo un abanico de supuestas irregularidades administrativas y económicas: desde no haber tramitado determinadas denuncias penales por hurtos y robos, hasta presuntos cobros en metálico vinculados al servicio municipal de grúa o la falta de tramitación de sanciones administrativas previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana.

Ante los indicios de la comisión de posibles delitos, el expediente se paró, dando prioridad a una causa penal.

El cabo contraataca

Sin embargo, fue precisamente en el marco de ese procedimiento que el propio agente y su esposa, la concejala del Partido Popular Inmaculada Casilla, respondieron denunciando que la información que utilizaron para elaborar el informe interno se obtuvo de accesos no autorizados a su ordenador. 

Ese hallazgo es el que dio lugar al segundo frente judicial: la denuncia por presunta revelación de secretos y espionaje informático que hoy investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Arenys de Mar y que ha obligado al alcalde, al jefe de la policía local y al propio agente interino a declarar este martes, 13 de enero, en calidad de investigados.

¿Qué dicen las partes? 

Desde el entorno del ayuntamiento se interpreta la denuncia por espionaje como una reacción defensiva y una maniobra de represalia tras la apertura del expediente disciplinario al cabo. 

Fuentes próximas sostienen que la denuncia busca desacreditar al edil, cuestionar la actuación de sus responsables y “manchar el nombre” tanto de la institución como de los propios compañeros del cuerpo policial que participaron en la investigación interna.

Añaden que el cabo y su mujer han llegado a interponer hasta seis denuncias contra el ayuntamiento u otros miembros de la policía local. 

Imagen de archivo de la Policía Local de Santa Susanna Crónica Global

Desde la otra parte, sin embargo, el relato es radicalmente distinto. El cabo y su entorno insisten en que el expediente fue el instrumento para poner en marcha una investigación prospectiva impulsada desde la alcaldía con un objetivo ajeno a cualquier control disciplinario: obtener información sensible del Partido Popular y de su esposa, entonces rival política de Joan Campolier (Junts).

Según esta versión, la finalidad real no era depurar responsabilidades administrativas, sino acceder a datos personales y políticos con fines estratégicos. Además, confían en que la causa penal derivada del expediente acabe archivada. 

En paralelo, y sobre las declaraciones de este martes, el cabo se ha mostrado satisfecho y considera que hay indicios suficientes para acreditar que los informes disciplinarios se elaboraron a partir de una información que no guarda relación directa con las supuestas irregularidades cometidas por el cabo. 

Pero hay más

De este modo, mientras un juzgado de Arenys investiga las presuntas irregularidades cometidas por el cabo, otro trata de esclarecer si las pruebas que originaron el expediente fueron obtenidas de forma legítima o si, por el contrario, se vulneraron derechos fundamentales en su obtención.

Pero hay más. Un año después de la apertura del expediente, a finales de 2024, agentes de la Policía Nacional detuvieron al cabo, a su mujer --la entonces concejala del PP-- y a otro agente del cuerpo policial, como presuntos responsables de una trama de regularización ilegal de ciudadanos extranjeros, destapada por la Cadena Ser. 

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Todo ello se instruye en el Juzgado de Instrucción número 23 de Barcelona que investiga si los acusados contrataron de forma fraudulenta a decenas de ciudadanos pakistaníes como supuestos empleados del hogar, a cambio de importantes sumas de dinero. ¿El objetivo?, facilitarles la obtención de documentación.

Ante estas informaciones, el entorno del cabo no niega la existencia de una organización criminal dedicada a enriquecerse mediante este tipo de contratos fraudulentos, pero rechaza de plano que ellos formen parte de esa estructura.

Su versión

Siempre según su versión, la propia investigación distingue entre quienes integraban y dirigían la organización criminal y aquellos particulares --como el cabo-- o empresas que, en algunos casos con conocimiento de causa y en otros presuntamente engañados, se ponían a disposición de esa red para contratar a ciudadanos extranjeros.

En el caso concreto del cabo, explican, se le atribuyen presuntos delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pero no de pertenencia a organización criminal.

Su relato es que contrataron a personas migrantes a través de lo que creían que era una agencia legal de intermediación laboral y que posteriormente se ha revelado como una organización criminal. 

¿Y el alcalde?

Y, en medio de este embrollo judicial, el alcalde Joan Campolier tampoco es ajeno a la controversia. A lo largo de su trayectoria política ha sido protagonista de varios escándalos que, con mayor o menor recorrido penal, han marcado su carrera pública.

Campolier fue inhabilitado durante cuatro años para ejercer cargo público por un delito de prevaricación urbanística, lo que le apartó de la política municipal entre 2007 y 2011. Posteriormente, fue denunciado por un presunto caso de acoso laboral, del que finalmente resultó absuelto.

También fue juzgado por un delito de prevaricación por la construcción de un aparcamiento provisional para una empresa de autocares, causa de la que igualmente fue absuelto.

Joan Campolier, alcalde de Santa Susanna (Barcelona) Ayuntamiento

Más recientemente, este verano volvió a situarse en el foco judicial tras una denuncia presentada por la CUP ante la fiscalía por presuntos delitos contra el medio ambiente y por prevaricación por omisión.

Según consta en la denuncia, el ayuntamiento habría vertido sin autorización aguas freáticas procedentes de unas obras en una zona agrícola conocida como el Pla de Balasc, sin contar con los permisos de la Agencia Catalana del Agua (ACA).

La CUP denuncia al alcalde de Santa Susana por un presunto "vertido ilegal"

Además de esta denuncia, Campolier ha sido señalado en otros procedimientos relacionados con presuntas irregularidades administrativas, entre ellas una causa por posible prevaricación vinculada a la prórroga del servicio de transporte municipal y a la falta de regularización del mismo, extremos que también han sido objeto de actuaciones judiciales.