La UE multa a España con 30 millones por las 'vacaciones fiscales' del País Vasco

Golpe a las arcas españolas desde la justicia europea, por culpa de las denominadas 'vacaciones fiscales' vascas, las subvenciones del Gobierno autonómico vasco a empresas que la UE declaró ilegales en 2001. La UE considera que España ha tardado demasiado en recuperar estas ayudas ilegales, y multa el Estado con 30 millones de euros.

Así lo dicta una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se ha dado a conocer este martes, y que especifica que España "no ha ejecutado adecuadamente" una sentencia anterior del propio TJUE, del 2006, que obligaba a recuperar el importe de las ayudas ilegales.

Los hechos se remontan a la década de 1990, cuando las haciendas de las tres provincias vascas introdujeron unas ayudas a empresas, "en forma de reducción de la base imponible y de un crédito fiscal del 45% de las inversiones", según recuerda el TJUE, que la Comisión Europea (CE) declaró ilegal en 2001, porque atentaban contra la competencia y el mercado interior.

Con esta decisión, Bruselas ordenaba a España recuperar el importe de las ayudas concedidas ilegalmente. Algo que no se hizo con la debida diligencia, según la CE, que en 2003 recurrió al TJUE. El tribunal Europeo dio la razón a la CE tres años después, al considerar que "España había incumplido su obligación de adoptar las medidas necesarias para atenerse a las decisiones de la CE".

España no obedece a Bruselas

A pesar de esta sentencia, el Ejecutivo continuó sin recuperar las ayudas ilegales al ritmo que exigía Bruselas. Así, en 2011 la CE acudió de nuevo al TJUE, reclamando que España sólo había cobrado el 13% de las ayudas ilegales.

Mientras se resolvía este recurso, España cumplió finalmente la sentencia de 2006, y ya ha recuperado la totalidad de las ayudas ilegales concedidas en el País Vasco. Sin embargo, el TJUE condena a España a pagar los 30 millones de multa, porque "con fecha del 27 de agosto de 2008", cuando expiraba el plazo dado por Bruselas, "las autoridades españolas, como ellas mismas reconocen, no habían recuperado íntegramente las ayudas ilegales".

En la sentencia, el TJUE razona que "las ayudas ilegales son particularmente perjudiciales para la competencia", y que, por este motivo, se tendría que haber privado a sus beneficiarios, "sin demora", de la ventaja competitiva "de la que habían disfrutado ilegalmente".

"Medida disuasoria"

El tribunal europeo recalca también que la "reiteración de comportamientos ilícitos de un Estado miembro", como ha sido el caso de España en relación a estas ayudas ilegales, "requiere que se adopte una medida disuasoria", refiriéndose a la multa de 30 millones.

La sentencia de hoy, no obstante, es relativamente benévola con España, puesto que la multa es inferior a los 50 millones que pedía la abogada general del TJUE, y a los 65 que reclamaba la CE.

La sentencia va dirigida contra España, por lo tanto es el Estado quien tiene que pagar la multa a Europa, y no la administración autonómica vasca. Si el Gobierno carga o no este importe al gobierno autonómico vasco, es un asunto en el cual la justicia europea no entra.