Ordenan el ingreso inmediato en prisión de Pallerols y Gavaldà

La Audiencia de Barcelona ha ordenado este jueves el ingreso inmediato en prisión del empresario andorrano Fidel Pallarols y el ex secretario de Organización de UDC Vicenç Gavaldà, toda vez que el Gobierno ha denegado sus peticiones de indulto para las condenas que pesan sobre ellos de siete meses por el desvío de subvenciones públicas.

Según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la sección segunda de la Audiencia de Barcelona ha ordenado el ingreso en prisión de forma "inmediata y voluntaria" de Fidel Pallerols y de Vicenç Gavaldà, con la advertencia de que, si no lo hacen, se acordará su búsqueda y captura.

Trama de financiación ilegal de UDC

El pasado 9 de abril de 2013, la Audiencia Provincial confirmó el ingreso en prisión del empresario y los dos ex políticos de UDC, que habían sido condenados por formar parte de la trama de financiación ilegal de la formación democristiana que operó en los años 90 desde la Generalidad de Cataluña.

La sentencia del caso Pallerols, dictada en enero de 2013 -tras un acuerdo entre las partes-, atribuyó además a UDC la responsabilidad como partícipe a título lucrativo del material informático y los sueldos de cuatro militantes que pagaron las academias del empresario andorrano entre los años 1994 y 1999. En total: 197.284,82 euros.

Pallerols, dueño de las empresas de formación que servían de tapadera para desviar el dinero público, fue condenado a siete meses de cárcel, al igual que Vicenç Gavaldà, mientras que su hermano Lluís fue condenado a un año y medio de cárcel por un delito continuado de malversación y falsedad documental.

Pese a que se les condenó a penas de menos de dos años, lo que generalmente, si los penados no tienen antecedentes, es suficiente para evitar el ingreso en prisión, los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona decidieron aplicar las condenas y obligar a su ingreso en la cárcel, en una decisión muy poco habitual.

La Audiencia rechazó suspender la ejecución de la sentencia por considerar que había quedado acreditada "una actuación delictiva enmarcable en lo que coloquialmente se viene dando en denominar corrupción política a través de una trama organizada", por lo que "debe primar por encima de todo la función de prevención general que, junto a otras, está llamada a cumplir la pena".