Sí al diálogo Gobierno-Generalidad... en los horarios comerciales

El Gobierno y la Generaldad se sentarán a negociar. Pero no sobre el reto independentista de CiU y ERC y la hipotética consulta, sino sobre una cuestión mucho más concreta y con efectos prácticos mucho más inmediatos: la ley autonómica de horarios comerciales, que el Gobierno considera inconstitucional.

El Consejo Ejecutivo de la Generalidad ha aprobado este martes aceptar la oferta de negociación que había hecho el Gobierno, previa a su intención de impugnar ante el Tribunal Constitucional la ley autonómica de horarios comerciales.

Esta ley se modificó hace menos de un mes, a propuesta de CiU y ERC, y con el apoyo en el Parlamento autonómico de todos los grupos excepto PP y la CUP -en contra- y C's -abstención-. El propósito de esta modificación era justamente sortear la impugnación de parte de la ley anterior, del 2004 -concretamente, las modificaciones aprobadas por decreto en octubre de 2012-, ante el TC.

La modificación del mes pasado mantenía las 72 horas semanales de apertura para la mayor parte de comercios -en contra de lo que fija la normativa nacional, que pone un límite de 90 horas-, pero aumentaba de ocho a 10 los festivos anuales de apertura comercial, coincidiendo, en este caso, con la legislación nacional, aprobada en julio de 2012.

También se fijaban exenciones a esta limitación de horarios: los establecimientos de alimentación de menos de 150 metros cuadrados -en la normativa nacional son 300-, y los comercios situados en zonas turísticas.

Baile de recursos en el TC

A pesar de estos cambios, el Gobierno considera que la legislación autonómica sigue infringiendo la nacional, fijada en la ley de estabilidad presupuestaria, y que esta tiene preeminencia. Por este motivo, ha manifestado su intención de presentar un recurso al TC, con lo cual la ley autonómica catalana quedaría automáticamente impugnada. Después de esto, en un periodo máximo de cinco meses, el TC tendría que decidir si mantiene o levanta la suspensión, mientras elabora una sentencia definitiva.

La situación se complica porque el decreto de la Generalidad de 2012 ya está impugnado -desde febrero- ante el TC, y pendiente de resolución. A la vez, la Generalidad respondió presentando a su vez otro recurso al TC, por vulneración de competencias. Con el llamamiento el diálogo, el Gobierno y el Ejecutivo autonómico intentarán así evitar una nueva ronda de recursos cruzados al Alto Tribunal.

Mientras el Gobierno y la Generalidad negocian, la normativa catalana sigue suspendida, y algunos comercios -especialmente, grandes cadenas- habían desafiado a la Generalidad abriendo según el horario que marca la ley nacional.