Rigau califica de "muy grave" que el TSJC ordene un mínimo de clases en castellano

La consejera de Enseñanza de la Generalidad, Irene Rigau (CiU), ha anunciado que la Generalidad recurrirá los cinco autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), conocidos este viernes, que ordenan ofrecer a otros tantos alumnos, al menos, un 25% de las clases en castellano para hacer efectivo el derecho reconocido en múltiples sentencias que tienen los escolares catalanes a recibir una parte de su educación en esa lengua.

En una comparecencia ante la prensa convocada de urgencia, Rigau, visiblemente preocupaa, se ha confesado "indignada" y "sorprendida" por una decisión judicial que ha calificado de "incomprensible" y "muy grave", y, pese a la insistencia de los periodistas, no ha querido avanzar si cumplirá o desacatará los autos -como ha venido haciendo hasta ahora la Consejería, limitándose a asegurar que presentarán los recursos correspondientes.

La consejera ha apelado a la Ley de Educación de Cataluña (LEC) para defender el actual modelo de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán, aunque en sentencias anteriores, algunas de las cuales han dado lugar a estos autos, los tribunales ya han respondido que "en ningún caso puede fundamentarse la exclusión del castellano como lengua vehicular de la enseñanza" en la LEC.

Rigau ve motivaciones "políticas"

Rigau ha destacado dos novedades de los autos: por una parte, que van dirigidos a los directores de los centros educativos (a los que ha ofrecido todo el apoyo de la Generalidad), y no a la Consejería; y por otra, la fijación de un porcentaje mínimo de uso del español, el citado 25%.

También ha considerado que todo responde a motivaciones "políticas" vehiculadas a través de la "extralimitación" de funciones del Tribunal Supremo, en cuyas sentencias previas se basan los autos del TSJC conocidos este viernes.

Así, ha acusado a los tribunales de tratar de "trocear" la lengua, y al Gobierno de pretender "imponer por vía judicial el modelo lingüístico que aplica el PP en otras CCAA", como Baleares y la Comunidad Valenciana.

Y ha reconocido que hacer que toda la clase reciba una parte de su educación en castellano, además de en catalán, "representa el choque que siempre se ha querido evitar".

Las sentencias contradicen los argumentos de la consejera

Por otra parte, la consejera ha indicado que, hasta ahora, desde la Generalidad se ofrecía a los padres que solicitaban educación bilingüe una "atención individualizada" a sus hijos, y ha señalado que esta opción estaba avalada por los tribunales.

Sin embargo, diversas sentencias la contradicen, al subrayar que el derecho a recibir la enseñanza también en castellano "es algo bien distinto de la atención individualizada en castellano que conduce a una situación de discriminación prácticamente idéntica a la separación en grupos clase por razón de la lengua habitual.

Inmediatamente después de mostrarse contraria a ofrecer un 25% de las clases en castellano, Rigau ha asegurado que "la presencia" del castellano en el sistema educativo catalán es "alta".

Según la Consejería de Enseñanza, incluyendo los alumnos afectados por estos cinco autos, hay 24 procesos judiciales abiertos de niños cuyos padres piden una educación bilingüe en Cataluña. Aunque todo apunta que estas decisiones judiciales -junto a la del Tribunal Supremo de hace unos días, que ordena la aplicación de medidas cautelares en este sentido- animará a otros padres a exigir judicialmente el mismo derecho.