La Cámara baja recibe la petición de la Generalidad para convocar un referéndum

La Mesa del Congreso ha dado este martes el visto bueno a la tramitación parlamentaria de la propuesta emanada del Parlamento autonómico de Cataluña en la que se solicita que se delegue en la Generalidad la competencia para convocar un referéndum independentista.

El presidente de la Cámara baja, Jesús Posada, ha confirmado que la iniciativa ha sido calificada "sin ningún problema" y que ahora tendrá que pasar el trámite de informe del Gobierno. El Ejecutivo tiene un mes para mostrar su conformidad con la proposición, según si implica "aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios".

Transcurrido este plazo y siempre y cuando el Gobierno no se oponga a su tramitación -de momento, Rajoy ya ha dejado claro que mientras él sea presidente no habrá referéndum ni independencia de ningún territorio-, la proposición podrá ser elevada al pleno del Congreso de los Diputados.

El 85% del Congreso, en contra

A tenor de los plazos establecidos y de las proposiciones de otros parlamentos autonómicos todavía pendientes de debate, la controvertida iniciativa podría ser debatida en pleno en los meses de junio o septiembre. Sin embargo, el propio Parlamento autonómico catalán podría retirar una proposición pendiente de debate para poder adelantar la discusión sobre si ceder o no a la Generalidad la competencia para convocar un reférendum.

Todavía queda otra opción para acelerar el debate o impedir que se dilate en el tiempo. Las tres formaciones que han apoyado la petición al Congreso de la transferencia de competencias en este particular no descartan presentar una proposición de ley en los mismos términos que la propuesta del Parlamento autonómico, de modo que pueda votarse en el pleno del Congreso a finales de marzo o principios de abril.

En cualquier caso, si no hay sorpresas la iniciativa se topará al menos con el rechazo de los 185 diputados del PP, los 110 del PSOE -salvo que haya una nueva disensión entre los diputados del PSC- y los 5 de UPyD, lo que significa cerca del 85% del Congreso de los Diputados en contra de la medida.