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Taxistas o cómo pasar el marrón, de nuevo, a los alcaldes

María Jesús Cañizares
4 min

Han sido necesarias cinco jornadas de huelga para que el Govern presente una propuesta para solucionar el enfrentamiento entre el sector del taxi y el de los VTC. No es de extrañar, tratándose de un Ejecutivo sin nervio que dedica sus escasos esfuerzos a hablar del procés. "Sin libertad no hay progreso", afirma el presidente Quim Torra. Definitivamente, el independentismo sigue actuando como cortina de humo de los recortes, no revertidos, y de la corrupción convergente, por la que acaba de entrar en prisión Oriol Pujol. Pero la cortina está mutando en ese telón que pone fin a las obras de teatro. Porque el procés es eso, puro teatro.

Minado por las peleas entre Junts per Catalunya y ERC, el Govern fue interpelado ayer en el Parlament sobre la situación de los servicios públicos. En principio lo hizo para hablar de los funcionarios en general, pero como cada día que pasa surge un nuevo colectivo descontento por la vulneración de sus derechos --los laborales, no los "civles" que invoca Torra en sus viajes around de world cual activista setentero--, al final se debatió sobre sanidad, educación, mossos, bomberos y, sobre todo, de los taxistas.

"Para este viaje no hacía falta tantas alforjas", comentaba un diputado socialista en referencia a un decreto, que el Govern quiere aprobar sí o sí --como el referéndum, ¿recuerdan?--, que fija una precontratación de 15 minutos a Uber y Cabify, tiempo que podrían ampliar los ayuntamientos y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El decretazo, es obvio, supone pasar el marrón a los consistorios. Pero, sobre todo, abre una gran inseguridad jurídica pues cabe preguntarse si los municipios podrán fijar libremente sus propios límites y si éstos son impugnables.

Parece mentira que el consejero de Territorio, Damià Calvet, que fue teniente de alcalde en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) --cuna de bienestantes dirigentes convergentes--, abunde en la sobreexplotación de los ayuntamientos, que están asumiendo competencias que no le corresponden debido a la dejación del Govern.

Lo vimos en la supresión de las ayudas a las guarderías, que han tenido que ser financiadas por los consistorios. Una situación que ha condenado, literalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tras recordar que es la Generalitat la que debe asumir esos costes. Y lo vimos también en el abandono que sufren los menores extranjeros no acompañados (MENA), una competencia también del Govern, que culpó a los ayuntamientos de no informar de la situación. Tando la educación de 0 a 3 años, como la asistencia de los MENA corresponde a ERC, que expresa buena voluntad, pero, de momento, no hace nada, más allá de culpar al Gobierno español de la falta de ayudas.

¿Devolverá el presidente Torra esas competencias al Estado, tal como ha sugerido con la crisis de los taxistas? Cosas veredes.

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¿Quién es... María Jesús Cañizares?
María Jesús Cañizares

Periodista. Es subdirectora de Política de Crónica Global. Es licenciada en Ciencias de la Información por la UAB y ha cursado estudios de Derecho. A lo largo de su carrera se ha especializado en información política y del ámbito judicial.

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