El resultado de las elecciones a la Cámara de Comercio de Barcelona ha conmocionado al empresariado catalán. Nadie esperaba (ni ellos mismos) que la lista de la ANC y el Cercle Català de Negocis, Eines de País, ganara de forma tan contundente en unos comicios que han sido caóticos y de los que nadie quiere hacerse responsable. Incluso sus tutelantes, la consejería de Empresa y Conocimiento. El departamento liderado por una Àngels Chacón que ha dinamitado las buenas relaciones que había cultivado con buena parte de los representantes económicos de Cataluña desde su etapa como gerente de la patronal de Igualada.
Los independentistas tomarán el poder de la principal organización de dinamización empresarial del territorio, la de Barcelona, y las visiones más optimistas del papel que desempeñarán como gestores chocan por ahora con los anuncios de que, efectivamente, piensan hacer república desde esta institución. ¿Es sólo fruto de la resaca de su victoria incontestable en las urnas? Lo veremos en poco más de tres semanas.
Que estos comicios acabarán en la mesa de la sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) es algo que todos los participantes tenían asumido desde hace semanas. Todo indica que así será al final. Se repetirá el escenario de 2010 y será finalmente un juez el que dictamine la validez o no de todo el proceso electoral, de una parte o que incluso cambie el sentido de algunos votos anulados o validados y se modifique el equilibrio de poder en la institución empresarial.
Pero esto ocurrirá, como pronto, a dos años vista. La Cámara de Comercio de Barcelona debe seguir su camino y los empresarios de la ANC, sean pymes o autónomos, deben gobernar. A pesar de sus aspavientos, el margen de maniobra real será limitado en lo que tenga que ver con tomar decisiones empresariales con impacto. Más, si tal y como indican en su camino de hacer república, se cargan los puentes de diálogo tanto con la Cámara de Comercio de España, que tiene la llave del grueso de los fondos europeos, como de las grandes corporaciones del territorio.
El empresariado catalán es la fotografía completa de todos ellos y prescindir de una parte de estas voces sería una distorsión que perjudica, básicamente, a los propios empresarios. ¿Puede la actividad económica de una zona apoyarse sólo en pymes, micropymes y autónomos? Sí, pero sin la dimensión ni la dinamización que aún mantiene Cataluña (especialmente Barcelona). Al igual que un territorio sólo operado por multinacionales tiene poco recorrido porque corta las alas de la emprendeduría social. Buscar este equilibrio en la representatividad debería ser una prioridad de los agentes sociales y de los políticos que se echa de menos en un proceso electoral en las cámaras de comercio politizado.
La futura Cámara de Comercio de Barcelona apunta hacia una institución que hará ruido. Lo hará en organismos como Barcelona Turisme o la feria de la ciudad, y los independentistas de la ANC podrán llegar a foros que nunca habían soñado, como a convertirse en patronos de la Fundación Bancaria la Caixa, ya que así consta en los estatutos de la entidad financiera. Y allí armarán follón, sí. Pero el escenario más probable es que conviertan a la organización empresarial en un contrapoder de la Generalitat. Un foro desde el que presionar al Govern cuando lo ocupen los secesionistas más pragmáticos, tal y como apuntan algunas voces en los mentideros políticos catalanes.
La Cámara de Comercio de Barcelona se mantendrá en este escenario como punta de lanza, pero de los partidismos y los juegos políticos en Cataluña y no como organización empresarial. Este es el mayor riesgo de un nueva etapa que está a punto de empezar e implicaría que perdiera su prestigio e influencia. Daños colaterales de verse arrastrada a la arena política de los que el empresariado catalán debe tomar nota. Culpar sólo a la ANC sería, de nuevo, un error.