La batalla en la que están inmersas las patronales catalanas para repartirse el poder institucional es el fallo más claro en su misión básica. Las organizaciones empresariales deben dotarse de los elementos necesarios para negociar. Deben contar con la flexibilidad suficiente para alcanzar los pactos que sean lo más ventajosos posibles para sus asociados y que nunca incluirán el 100% de sus peticiones. Este diálogo que les define es donde se han enrocado Foment del Treball y Pimec en su guerra por la representatividad.

El conflicto se remonta 12 años atrás, cuando Fepime consiguió ser considerada una organización con voz y voto en las mesas de concertación social. Es verdad que hacerse con esa atribución por la vía del silencio administrativo no resulta el camino más ortodoxo posible, pero desde ese momento ningún tribunal lo ha enmendado. Por mucho que Pimec mantenga que no se puede defender la voz de las pymes integrada en una organización como Foment del Treball (o en CEOE, como ocurre en Cepyme en el resto del país), se trata de un título válido.

Si se quiere superar el rara avis de que Cataluña sea territorio de tres patronales, el mejor camino es el diálogo. El debate entre las partes para poder llegar a un punto de encuentro que cierre este capítulo con escaso interés entre propios y ajenos, que está trufado de recursos e impugnaciones que sirven para entretener a los servicios jurídicos pero que convierten en estilitas a sus impulsores, y es estéril.  

Ceder la responsabilidad de ordenar el poder patronal a la Generalitat resulta un fracaso. Si se traspasa al plano laboral, cuando el debate de un convenio encalla se llama a un mediador para evitar la huelga. Pero que todo el mundo lo tenga claro, el Gobierno catalán no asumirá este papel.

El decreto que diseñó Felip Puig desde la Consejería de Empresa y Ocupación en 2015 es descaradamente favorable a los intereses de Pimec al considerar que cada NIF se contabilizará como un voto. Resulta un escándalo que se dé el mismo peso a una microempresa que a un gran grupo que da empleo a 1.000 personas --llámese La Caixa, Seat, Ercros o Bon Preu-- sin ningún elemento corrector. Pero a nadie debería sorprender que el Ejecutivo catalán haga política incluso para tomar el control del poder patronal. De hecho, la política es (o debería ser) su principal atribución.

Foment del Treball tiene el campo abonado para impugnar el proceso y batallar el conteo en los tribunales. El departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, encabezado por Chakir El Homrani, es consciente de ello desde el primer día en que heredó el conflicto y dió por sentado que acabará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Pimec parece por ahora la vencedora de este pulso, pero los mismos elementos que le dan alas para asegurar que ostenta como mínimo el 50% de la representatividad catalana se le puede girar en su contra en el corto plazo. La patronal de autónomos ATA está a un paso de integrarse en Foment. El número de asociados que le sumará puede ser irrelevante en el plano económico, pero tendrá impacto en el conteo de NIFs que promueve el Gobierno catalán.

La batalla empresarial se mantiene ahora en el camino de la judicialización y el enfrentamiento. La otra alternativa es conocida, pero implica que todas las partes cedan y no den por sentados apriorismos cuya consistencia es, como mínimo, discutible. O, lo que es lo mismo, que echen mano a su razón de ser.