La vorágine del procés secesionista ha tapado otras cuestiones que no por menos urgentes son menos cruciales. Una de ellas es la discriminación lingüística que de forma sistemática sufren los catalanes castellanohablantes por parte de las administraciones autonómica, provincial y local.

El maltrato hacia los que tienen el español como lengua materna y habitual --que además son mayoría en Cataluña-- es especialmente sangrante en el ámbito de la educación. Y así lo denunciaba un informe elaborado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y publicado hace apenas tres semanas.

El estudio --el más preciso y riguroso realizado hasta la fecha sobre este asunto-- reveló lo que era un secreto a gritos: todos los centros públicos de Cataluña están lejos de ofrecer el 25% de las clases en español, como ordenan los tribunales para hacer efectivo el modelo de conjunción lingüística que establece la ley y la jurisprudencia. De hecho, en una amplísima mayoría de colegios no se imparte ni una sola asignatura en castellano, más allá de la de lengua y literatura españolas.

Por otra parte, era un lugar común para ilustrar la realidad de la escuela catalana señalar que al castellano se le trataba como a una lengua extranjera. Pero ni siquiera eso es cierto. 75 institutos repartidos por toda la comunidad con el aval de la Generalitat ofrecerán el próximo curso un tercio de las horas lectivas en francés --y el resto en catalán-- en un programa de bachillerato bilingüe catalán-francés, el Batxibac. Así, es posible afirmar sin errar que el castellano tiene en el sistema escolar catalán peor consideración que una lengua extranjera.

El actual modelo de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán que se aplica en las escuelas públicas de Cataluña es, probablemente, la mayor aberración cultural que se ha perpetrado en las últimas tres décadas en occidente. Todo ello de forma impune y ante la pasividad de los diferentes gobiernos de la nación, ya fueran populares o socialistas.

Y por si eso no fuera suficiente, cuando alguien levanta la voz para reclamar un trato equitativo de las dos lenguas en la educación, es acusado por la clerecía nacionalista de querer “eliminar” la lengua catalana. El último de los talibanes en sulfurarse ha sido el actor y director de teatro Joan Lluís Bozzo, uno de los guardianes de las esencias patrias.

Cada vez son más abundantes los constitucionalistas que piden al Estado magnanimidad respecto a los promotores y ejecutores del golpe al Estado del 1-O. Se multiplican las opiniones que aseguran que una parte del independentismo y del nacionalismo ha asumido la derrota y apuesta por una vía moderada y legal para defender sus posiciones. Que hay que pactar con ellos para superar el “conflicto”.

Pues bien, que lo demuestren. Que empiecen por suprimir la inmersión lingüística y el adoctrinamiento escolar. Y que pidan perdón por tamaña atrocidad.