Ríanse de la inmunidad del Rey. El entramado empresarial que hay detrás del proceso independentista sí que ha actuado durante años con absoluta libertad. Lo ha hecho desde la época de Pujol. Hasta ayer, cuando la Guardia Civil detuvo, entre otros, al intocable David Madí y al empresario Oriol Soler. La investigación ha sido transversal, pues afecta tanto a la órbita convergente como republicana, confirmando así que ERC también dispone de su red financiera. Aunque ha sido ahora cuando las pesquisas judiciales han demostrado que Soler y sus contactos internacionales, han dejado al también arrestado Xavier Vendrell --conocido por exigir el pago de cuotas a funcionarios de la Generalitat para financiar Esquerra-- como un simple amateur.

En efecto, Soler aparece en el meollo de una supuesta trama rusa destinada a desestabilizar una Unión Europea hostil con el proceso independentista. Una especie de win win entre Putin, Assange y Carles Puigdemont, cuyas ínfulas internacionales exigían dinero y contactos.

De ahí el fichaje de personajes supuestamente expertos en diplomacia como Josep Lluís Alay --acredita grandes conocimientos en el Tibet--, quien ha encadenado cargos y sueldazos pagados con dinero público desde que acompañó al fugado Puigdemont a Alemania, donde fue detenido.

En efecto, pagar esas conexiones internacionales es muy caro, de ahí que, desde que el nacionalismo se instaló en el Palau de la Generalitat, se haya recurrido a la ayuda de paganinis, esto es, empresarios y entidades afines a la causa. Obviamente, esos servicios prestados requerían una compensación. Aparecen ahí los agradecimientos en forma de subvenciones y contratos que darían lugar al llamado caso 3%, relativo a la financiación irregular de CDC mediante el cobro de comisiones por obra pública adjudicada.

La cuestión es que, desde hace muchos años, los protagonistas de esta trama han actuado como si Cataluña fuera su cortijo, disponiendo del dinero de los catalanes para lucrarse del gran negocio identitario. Esto es, mediante construcción de las llamadas estructuras de estado, entre ellas una diplomacia que Cataluña nunca pudo ejercer --lo dicen los jueces y el ya famoso informe del Tribunal de Cuentas sobre el derroche que ha supuesto la acción exterior catalana--, pero que el Govern ha impulsado a base enmendar decretos para contentar a la Justicia.

Y mientras Soler se dedicaba a eso, David Madí, el enlace convergente con la burguesía catalana, nos engañaba simulando que había abandonado la política, cuando en realidad seguía moviendo los hilos del procesismo, según los indicios judiciales.

Madí, procedente de una familia adinerada y exsecretario de Comunicación, era el hombre fuerte del pinyol de Artur Mas. Nunca escondió su clasismo respecto a ERC, cuyos miembros consideraba unos desarrapados. Recaló en Endesa, Telefónica, Deloitte y, más recientemente, Aigües de Catalunya, demostrando así su capacidad para sacar partido a sus contactos. Su detención, que tiene aires de pujolismo finisecular, demuestra que nadie es impune ante la ley. El Rey no debería serlo. Pero dilapidar las arcas catalanas en provecho de unos pocos, con la gran coartada del estado propio, mucho menos.