El Govern insiste en llevar su fracasada diplomacia a las antípodas

Quim Torra, consciente de que la confirmación de su condena por desobediencia es inminente, se encomienda ya a unas instituciones europeas que nada quieren saber de su Govern. Así lo aseguran a Crónica Global fuentes europarlamentaria, que según afirman, “la interlocución de la Generalitat con la Comisión Europea es nula, ningún dirigente se quiere poner al teléfono”.

Pese a esa falta de complicidad internacional con la causa procesista, la ofensiva diplomática del presidente de la Generalitat no solo se mantiene, sino que proyecta extenderse a territorios situados en las antípodas (literalmente), sin que todavía haya rendido cuentas en el Parlament del gasto y actividad que se hace en esas delegaciones repartidas por el mundo, que cuentan este año con un presupuesto de 7,5 millones de euros.

Opacidad

Torra anunció ayer que, a las 15 delegaciones dependientes de la Consejería de Acción Exterior, se unirán próximamente otras tres que estarán situadas en Australia, Japón y Senegal. Durante el Debate de Política General  (DPG) celebrado en el Parlament, Torra valoró muy positivamente la labor que hacen estas oficinas --no confundir con la red comercial que depende de la Consejería de Empresa--, aunque en realidad se desconoce su agenda de actividades y cómo se gestiona el presupuesto atribuido.

El 'conseller' de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé / EP

Los responsables de esas delegaciones nunca han comparecido en el Parlament para rendir cuentas de sus funciones, aunque, curiosamente, dependen de una Consejería de Acción Exterior, Transparencia y Relaciones Internacionales.

Lo que dice la ley

Por ello, la diputada de Ciudadanos, Susana Beltrán, ha solicitado al Govern copia de los informes del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Hacienda sobre la idoneidad de la apertura de esas tres nuevas delegaciones. Lo hace en base al artículo 12 de la Ley 2/2014 de la Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado, que obliga a disponer de esos requisitos.

“Esas nuevas delegaciones suponen más dinero gastado sin que el Govern dé explicaciones. No sabemos qué hacen las ya existentes y cuando pedimos que la Sindicatura de Cuentas fiscalice su actividad, los partidos independentistas lo vetan. Es escandalosa”, denuncia Beltrán, quien también ha pedido la comparecencia del consejero de Acción Exterior, Bernat Solé, en el Parlament para que dé explicaciones sobre la creación de las nuevas oficinas.

Artículo de la Ley de Acción Exterior sobre la creación de delegaciones de las comunidades autónomas

En paralelo a la opacidad denunciada por Beltrán, se une el informe del Tribunal de Cuentas sobre las irregularidades detectadas en la Consejería de Acción Exterior, así como la investigación recién concluida por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, en la que el exdelegado del Govern en Suiza, Manuel Manonelles, aparece procesado por un delito de malversación por su participación en la organización del referéndum del 1-O. “Tienen que liberar dinero de ese departamento. Esas oficinas no se aguantan por ningún lado, pues se limitan a reenviar a ciudadanos con problemas a las embajadas españolas correspondientes. Solo son propaganda”, añade la diputada de Cs.

No hay interlocución con la CE

Durante el DPG celebrado en el Parlament, el presidente del grupo parlamentario de PSC-Units, Miquel Iceta, aseguró que “a la Cataluña abierta al mundo que se nos prometía, ha seguido una dinámica política que, entre otras cosas, ha provocado que ningún miembro del Govern ni usted como presidente se hayan visto con ningún miembro de la Comisión Europea (CE). Y es que, presidente, créame, la confrontación no es inteligente, es un error y se gira en contra de los intereses de los catalanes”.

Fuentes de la eurocámara confirman esa realidad a este medio. “Hace años que la Generalitat no tiene capacidad de interlocución política ni técnica con la CE. Aquí no les cogen el teléfono”, afirman.

De ahí que, como ha publicado Crónica Global, el Govern haya traslado sus miras a Suiza, donde tienen su sede las delegaciones de la ONU que se ocupan de los derechos humanos. Ayer se dio a conocer el informe anual del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que reclama la libertad de los “presos políticos”. La Generalitat nunca ha querido informar sobre las subvenciones que paga el Govern a la ONU, hasta el punto de haber sido objeto de una reprobación por parte del Órgano de Garantía del Derecho de Acceso a la información Pública (GAIP) y de la Mesa del Parlament por negarse en reiteradas ocasiones a proporcionar esa información a Ciudadanos.