La CUP repasa la corrupción convergente

La CUP ha solicitado información al Parlament sobre la adjudicación de contratos por parte de Laura Borràs cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Lo hace "tras el inicio de una investigación por parte del Tribunal Supremo" a la diputada de Junts per Catalunya en el Congreso de los diputados y de la publicación de un informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas. 

Por todo ello, la CUP ha presentado en el registro una batería de preguntas sobre unos hechos que, según indica en un comunicado, exigen "ir al fondo de la cuestión y que se aclaren las sombras de duda en la administración de Borràs como presidenta de la ILC". Los cupaires creen que "tanto el Estado como diversas fuerzas políticas han utilizado la corrupción para hacer guerra sucia contra el movimiento soberanista en Cataluña". Asimismo, considera que determinados partidos "han utilizado esta guerra sucia para tapar casos de corrupción llevados a cabo en el seno de su partido. Que la corrupción no tape la guerra sucia del Estado y que la guerra sucia no tape la corrupción".

Cientos de casos

Creen que la justicia "actúa de parte" y "nunca ha sido un referente en la lucha contra la corrupción, sino todo lo contrario, tal y como lo demuestran los cientos de casos que han ido saliendo a la luz en los últimos años". En los Países Catalanes, detallan, de los 295 consejeros autonómicos (106 en Cataluña, 80 en Valencia y 109 en las Baleares), 51 han sido imputados por delitos relacionados con la corrupción o el blanqueo de capital, 17 han sido juzgados y sólo 8 condenados. Por lo tanto, "hay que analizar detalladamente todas las pruebas presentadas por la Fiscalía para separar el grano de la paja y aclarar si ha habido prácticas irregulares en la adjudicación de contratos por parte de Borràs".

A pesar de que la actual diputada de JxCat compareció voluntariamente en la Comisión de Cultura del Parlament, "se hace evidente que las explicaciones de Borràs no han sido suficientes y que falta una mayor claridad en este sentido. El reconocimiento, la reparación y las garantías de no repetición son pasos imprescindibles para corregir y asumir las responsabilidades políticas pertinentes".