Lionel Messi ha devengado (no todo está aún cobrado) 555.237.619 euros desde la temporada 2017/18, la última en la que se actualizó su contrato de trabajo con el FC Barcelona. Es poco conocido para la opinión pública que esa cifra bruta incluye el pago de impuestos para el futbolista, lo que le habrá llevado a percibir algo más de 250 millones de euros netos en cuatro temporadas, a razón de más de 60 millones anuales.
El astro argentino, ya al final de su carrera, era el jugador mejor pagado de la Liga española. Y él solo sumaba unos 140 millones anuales a la masa salarial del Barça. Los clubes españoles se dotaron de un sistema de autocontrol que se denominó Fair Play Financiero de La Liga. Se trata de limitar la cantidad que todas las entidades pueden dedicar para comprar y pagar a sus deportistas una vez se han descontado los gastos de estructura y la deuda pendiente del club.
Leo Messi deja el Barça porque la entidad no ha podido inscribirlo en la Liga al sobrepasar esas cotas que intentan evitar las insolvencias. Y el Barça no ha podido apuntar a su estrella por el salario que tenía pactado para los próximos años, la previsión menguante de ingresos, la creciente deuda y la enorme masa salarial que soporta.
Joan Laporta era conocedor de todas estas cuestiones con tiempo suficiente para buscar soluciones. De hecho, casi a punto de sonar la bocina, la Liga anunció un acuerdo con CVC, el fondo de inversión que está en el capital de Cortefiel, Naturgy, Vitalia, Deoleo…, y por el cual se valora la competición española en unos 24.000 millones de euros (más que Caixabank o Telefónica, por ejemplo). El fondo hacía una aportación de unos 2.700 millones de euros para adquirir alrededor del 10% del negocio. La entrada de capital se realizaba con una valoración que multiplicaba por 15 el ebitda de La Liga. Barcelona y Madrid han dicho que no; el Athletic de Bilbao tampoco está por la labor. Las razones son distintas, pero una de las principales es que los dos grandes quieren más dinero y consideran que su negocio no puede resultar equitativo al resto de equipos españoles. Les tocan alrededor de 250 millones, que podrían haberse ingresado este mismo ejercicio, pero quieren unos 400. Para cumplir con la normativa legal del fútbol español y alcanzar la cifra deseada, CVC debería pagar alrededor de unos 4.000 millones de euros por el 10%. Es decir, 22 veces el ebitda, un multiplicador que ningún financiero cabal admitirá.
Como alternativa, Laporta y Florentino Pérez quieren revitalizar la Superliga europea, un proyecto para el que llevaban tiempo trabajando Barça y Madrid. De hecho, tras la filtración del presidente del club blanco, los equipos ingleses que también estaban en el meollo se descolgaron. Solo la Juventus y los dos españoles parecen del todo dispuestos a proseguir y en las últimas horas intentan forzar las reuniones para sacarlo adelante. Los dos grandes consideran que ese modelo de competición es mucho más rentable para mantener el nivel económico de las entidades. Antes de la humillación policial a la que fue sometido el expresidente del Barça Josep Maria Bartomeu, algunos de los impulsores de la idea habían decidido que él sería el vicepresidente de la Superliga aunque ya no estuviera en ningún club, pero sí por su impulso, conocimiento y dedicación a ese proyecto junto a Florentino.
Sea una u otra la opción final, lo cierto es que el fútbol español está en una verdadera encrucijada. Compite en Europa con entidades patrocinadas por milmillonarios árabes o rusos, incluso por clubes que decidieron someterse al mercado y cotizar en bolsa para que fueran los inversores quienes decidieran el auténtico valor de las empresas deportivas. Lejos de abordar ese debate necesario, los dos grandes se refugian en una morfología organizativa que da a los asociados la propiedad de la institución, pero que a la vez establece barreras de acceso a su gobernanza que obligan a que cualquier aspirante a regir sus destinos deba conseguir previamente una enorme chequera con la que satisfacer los avales que permiten participar en un proceso electoral.
El Barça sería mucho más democrático si fuera una sociedad cotizada que teniendo como avalistas a personajes del mundo del business deportivo como Jaume Roures, que puso 30 millones para que Laporta fuera presidente. El romanticismo, la nostalgia, la pulsión pseudopolítica que rodea al club es sin duda contraria a acabar con la fórmula actual. Esa resistencia le conduce a pasos agigantados a una insolvencia indeseable.
La llegada de Laporta por segunda vez a la presidencia solo ha confirmado los peores presagios. El presidente se ha instalado en el poder, acompañado por su guardia de corps y una junta directiva formada por aprendices de palmeros, aunque sigue mentalmente en la oposición. Se refugia en que la culpa de todo lo que deberá gestionar es de su antecesor en el cargo o de Javier Tebas, el hombre de La Liga. Su imprevisión como candidato (no tenía los avales y confiaba en la providencia) o su incapacidad como gestor (de la que dejó grandes retazos en su anterior mandato) parecen inexistentes ante una prensa entregada a su figura por motivaciones distintas.
Tras fanfarronear con que una barbacoa le servía para solucionar el asunto de Messi (dijo textualmente que lo arreglaba en un asado) esta semana última dio la cara para anunciar que el Barça no renovará al jugador. Los abogados del club y los del argentino habían consensuado el contrato y se intercambiaron los borradores. Todo estaba dispuesto para firmar esta semana y que el jugador ejerciera como capitán en el trofeo Joan Gamper. Algunas voces aseguran que Laporta intentó un farol con Jorge Messi, padre y representante del astro, y a última hora intentó rebajar aún más las condiciones económicas. Podía imaginar que en la recta final de la inscripción de los jugadores los Messi acabarían cediendo y envainándose sus millonarias pretensiones, que ya habían rebajado. Pero no fue así y los argentinos poseían un plan b desde hacía meses. Jugaron a favor de Laporta en las elecciones, pero desconfiando de él. Y acertaron.
Los Messi se irán al PSG del jeque catarí. Cobrarán lo que quieran, porque el dinero no es un problema para el árabe, y dejarán la ciudad en la que se habían instalado de manera confortable todos los argentinos del clan futbolístico.
Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu son las víctimas reputacionales de una situación de tensión económica que agravó la pandemia. De momento, el pasado es la mejor coartada para no asumir las responsabilidades que cada uno tiene en el culebrón de Messi y en el que Laporta jugó un doble papel: primero como opositor emboscado de Bartomeu y, ahora, como máximo responsable desde que ganó las elecciones a principios de marzo.
Es posible que los abogados de Messi preparen una demanda contra Laporta y su junta directiva por una supuesta mala fe contractual. Hoy, la voluntad es esa, lo están decidiendo mientras negocian con su nuevo destino. Todo dependerá de cómo liquide el Barça las deudas pendientes con el jugador, pero en el ambiente quedará flotando el interrogante sobre quién es el responsable último del sospechoso desgobierno que reina en la institución en la actualidad.
Hace justo un año, quien esto suscribe recomendó a Bartomeu que vendiera al jugador. El anterior presidente se equivocó al no saber aprovechar la ventana de oportunidad que se produjo cuando la estrella futbolística quiso salir. Hubiera conseguido una cifra importante, pero no quiso pasar a la historia como el hombre que se desprendió del astro. Laporta ganó las elecciones, cenó con el jugador y le convenció para que se quedara. Tebas dice que hizo todo lo posible para retener a un jugador que daba valor a la Liga; Laporta sostiene que él actuó de igual manera; y, al final, Messi entre lágrimas aseguró que ahora no se quería marchar y que había reducido su ficha un 50%. Alguien, de todos ellos, no cuenta la verdad.
El Barça que viene acumula en cuatro meses muchos claroscuros, en su gobernanza y en su nivel de transparencia. Más allá de la virtual quiebra que lo amenaza, las medias verdades parecen ya instaladas en el día a día del club.