Alud de empresas moribundas y ciudadanos endeudados: los agujeros que nadie quiere cubrir

Los siniestros concursales no dan tregua ni respiro en Cataluña. En 2025 alcanzaron las cotas más altas del último decenio y su número se elevó a 1.700, con un incremento del 10% sobre el ejercicio anterior.

El nordeste peninsular arrastra desde tiempos inmemoriales el dudoso privilegio de figurar en el podio ibérico de la lúgubre clasificación, pues acapara nada menos que la cuarta parte de todos los fallidos acaecidos.

Cada día del año, fines de semana y festivos incluidos, estallaron más de cuatro percances.

Crónica Global ofrece a sus lectores, jornada tras jornada, el repertorio de las principales desgracias registradas por nuestras latitudes.

Las de mayor bulto tuvieron de protagonistas a Agropecuària d’Artesa de Segre, con sede en el municipio leridano que le da nombre; Alumbrados Viarios, de Cornellà de Llobregat; Electrodomèstics Candelsa, de Castellar del Vallès; Intersport, de Sant Cugat del Vallès; y PFP Termopolímeros, de El Figueró i Montmany.

Las entidades que solicitan los beneficios legales de la suspensión de pagos revisten una peculiaridad llamativa, que viene repitiéndose desde hace años. Consiste en que la mayoría carece de activos para afrontar el proceso y restituir las deudas a los acreedores. Es decir, arriban agonizantes a los estrados, sumidas en una devastación total y cargadas de débitos impagables.

Los administradores de los negocios instan el proceso con la clara pretensión de darles un entierro lo más digno posible y, de paso, sacudirse de encima las responsabilidades pecuniarias inherentes.

Así, el boquete entero acaban por comérselo los acreedores, calentito y con una buena guarnición de patatas fritas. Tales lances constituyen un ejemplo palmario del conocido dicho “muerto el perro, muerta la rabia”.

Si de los descalabros mercantiles pasamos a los personales, el panorama presenta tintes muy sombríos. En 2025, la friolera de 64.000 españoles se acogió a la llamada “ley de la segunda oportunidad”, que rige desde 2015.

El auge experimentado por esta figura es sideral, pues el primer año solo la emplearon 716 ciudadanos.

Quienes instan este tipo de expedientes son, por un lado, los individuos particulares y, por otro, aquellos que se dedican a actividades empresariales.

Los primeros cubren el 94%, debido a que suscribieron créditos al consumo y similares, usualmente gravados con intereses leoninos o de carácter usurario.

El pequeño cupo restante se compone de los autónomos cuyas labores acabaron en ruinas, amén de los pequeños industriales o comerciantes que prestaron avales a su propia sociedad en bancarrota.

Los afectados recurren a los tribunales con el propósito de librarse de las deudas pendientes, salvo las relativas a las Administraciones públicas.

Con tal finalidad, han de instar el concurso de acreedores ante el juzgado correspondiente. Una vez concluido el proceso, el juez les concederá muy probablemente el perdón del pasivo.

Este instrumento ofrece enormes ventajas a cuantos se encuentran atrapados por una masa de descubiertos de imposible devolución, como consecuencia de sus experiencias vitales.

Antes de su entrada en vigor, quedaban entrampados de por vida. Los prestamistas les reclamaban los créditos hasta el final de sus días. Incluso después de muertos, seguían exigiéndolos a los herederos.

Como cualquiera puede imaginar, los enemigos acérrimos de la “segunda oportunidad” son dos instituciones entrañables, la Agencia Tributaria y la banca.

El fisco se salta a la torera las directrices de la UE y se limita a condonar cifras irrisorias. Por su parte, los intermediarios del dinero de hecho sucumben, pues se les ha cegado la posibilidad de arremeter sin descanso contra los deudores y sus sucesores.

La espiral de desguaces de compañías y las quiebras domésticas no responde a un infortunio pasajero, sino a una patología estructural del sistema. Corporaciones vaciadas antes de comparecer ante la justicia y una caterva de sujetos insolventes configuran un panorama en el que las pérdidas se socializan y la responsabilidad de cada uno se diluye.

Mientras tanto, los acreedores privados soportan el coste de un modelo que parece premiar la huida hacia adelante de los desaprensivos. El balance es desolador y corre el riesgo de perpetuarse.